Por José Gregorio Aguilar
El director general de la Administración Portuaria Integral (API) Tamaulipas, Gustavo Guzmán Fernández, aseguró que el Puerto de Matamoros se mantiene libre de operaciones relacionadas con el llamado “huachicol fiscal”, delito que ha sido detectado en otros puertos del sur del estado.
El funcionario explicó que blindar al puerto contra este tipo de prácticas requiere un esfuerzo coordinado de todos los niveles de gobierno, además de infraestructura certificada y protocolos internacionales de seguridad. “Nosotros como administración garantizamos instalaciones listas y reguladas, mientras que la Marina, a través de la UNAPROP, se encarga de la seguridad portuaria”, señaló.
Guzmán Fernández recordó que en marzo del año pasado fue asegurado un buque con 10 millones de litros de diésel ilegal, lo que destapó una red de contrabando a gran escala. Ese antecedente, dijo, obliga a mantener estrictos criterios de transparencia en el desarrollo y operación del puerto.
Subrayó que la Secretaría de Marina es la responsable directa de la seguridad portuaria, mientras que la API trabaja en la modernización tecnológica y en la visión de desarrollo impulsada por el gobierno estatal, siempre priorizando el beneficio de la población.
El director aclaró que actualmente no se realizan revisiones relacionadas con huachicol fiscal en Matamoros, ya que el puerto no maneja ese tipo de operaciones. “Si en algún momento se llegara a mover combustibles, tendría que ser exclusivamente a través de PEMEX”, puntualizó.
Ante versiones sobre una supuesta militarización, Guzmán Fernández negó categóricamente que el puerto se encuentre bajo control castrense. Explicó que la seguridad portuaria es particular y que cada instancia, como la aduana y la Marina, opera bajo sus propios protocolos.
“Lo que existe son lineamientos internacionales que rigen la seguridad portuaria, no una militarización”, enfatizó.
Con estas medidas, la API busca consolidar al Puerto de Matamoros como un espacio confiable para el comercio y libre de prácticas ilegales, reforzando la vigilancia y la transparencia en cada proceso
