Golpe a golpe

Por Juan Sánchez Mendoza

Con el alza al precio de la tortilla –de 24 a 28 pesos por kilogramo–, habría también incrementos a los productos de la canasta básica y los servicios, al no existir disposición gubernamental para meter en cintura a comerciantes y especuladores.

La justificación que se ofrece respecto al incremento en los precios del jitomate y ahora la tortilla, no convence al conglomerado. Y sí, por el contrario, anima protestas generalizadas, pues se ha producido un mar de alzas en otros servicios como la energía eléctrica y el transporte aéreo, marítimo y terrestre, en toda su expresión; la expedición de pasaportes, actas de nacimiento y defunción cuando menos.

Pero, lo más grave, es que provoca aumentos en la canasta básica, aparte en medicamentos, la asistencia hospitalaria e incluso funeraria; y, por supuesto, en casi todos los productos ofertados en el mercado.

De ahí que la inconformidad social crezca y se multiplique en contra suya, como lo prueban los bloqueos carreteros y las manifestaciones por lo menos en más de 15 entidades, aunque, a decir verdad, la sociedad de los otros estados también se involucra, pero a través de redes sociales, por temor a las represalias, dejando en claro su rechazo a la política que en beneficio de la usura internacional practica la inquilina de Palacio Nacional.

Lo cierto es que el pueblo ya está cansado.

Cansado de tanto abuso, vejaciones, maltrato, inseguridad, engaño, corrupción, complicidad…

Y más si consideramos la ineficiencia, ineficacia e incapacidad de la Federación, en connivencia clara con los otros dos niveles de gobierno y los poderes Legislativo y Judicial para entender, y atender, los preceptos constitucionales que puntualmente indican dónde inician los derechos de la sociedad y hasta dónde los gobernantes están obligados a procurar el cumplimiento cabal de estos.

¡Ah!, pero eso sí, la calificación ciudadana que obtiene es la más alta de la historia, con todo y los frecuentes incrementos a las gasolinas.

En descargo de la clase gobernante, sé también que el aumento a la gasolina (premium y magna), diésel y energía eléctrica, aunque necesario no se ha producido tan gravemente, para evitar aplicar más y mayores impuestos en otros rubros y así disfrazar la quiebra financiera del país, al menos por el momento.

Ciertamente quienes han ‘blindado’ la inflación lo hicieron disfrazando sus aviesas intenciones y la consecuencia de sus malévolos actos, por lo que la crítica es justificada.

Sobre todo, cuando el pueblo está pagando la consecuencia de sus errores.

Por eso considero justo y necesario sumarnos al movimiento contra los nuevos gasolinazos para así rescatar lo que estamos perdiendo: la dignidad, el nacionalismo y los derechos consagrados en la Constitución Política, tal vez por el fundado temor a ser reprimidos por los grupos paramilitares al servicio del Gobierno, como bien sabemos ha ocurrido (ya) en varios estados de la República Mexicana.

Lo cierto es que tanto en el sur, centro y norte del país, se exige dar marcha atrás al aumento de precios a los alimentos, aunque hay otra alternativa más viable: obligar al Congreso de la Unión a reducir cuando menos dos aranceles: el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Pero ninguno de ambos planteamientos quiere aceptarlos la jefa del Ejecutivo Federal, porque eso le significaría captar menos recursos para medio sostener la inflación y evitar así una drástica devaluación del peso cuyo poder adquisitivo, hay que reconocerlo, es prácticamente nulo.

La presidenta aduce que en caso contrario el pueblo tendría que pagar costos más onerosos en su quehacer cotidiano, sin mediar un diálogo con los millones de inconformes, todavía, pese a saber que nada puede hacer ya para convencernos de haber tomado la mejor decisión.

Hace días le comenté que la inconformidad social se ha agudizado pues ningún ciudadano acepta los frecuentes incrementos a tortilla, provocando manifestaciones en las llamadas redes sociales.

Sin embargo, para Claudia Sheinbaum Pardo y su secretario de Hacienda y Crédito Público, la irritación terminará de un momento a otro, cuando empiecen a bajar los precios por parte de la empresa gubernamental Bienestar, que habrán de competir con los supermercados privados, sepultando el monopolio que éstos otrora ejercían.

Ojalá y así sea, pues el clamor contra el presidencialismo empieza a crecer.

Y con justa razón.

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