Col. Candelero

Por Abraham Mohamed Z.

Por cómo avanza el sucio caso del ex gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, la Presidenta Sheinbaum aún está a tiempo de rectificar y proteger su reputación, ¿cómo?…..evitando ella, su gobierno y su Partido-Morena cualquier tipo de defensa a favor de quienes las autoridades de Estados Unidos acusan de graves delitos por lo que solicitaron a México su detención con fines de extradición.
Si se cumplieran las afirmaciones de que “nadie tiene protección si comete un delito…que se investigue todo y a todos”…y que el gobierno no sustituye a los Jueces” esto blindaría su imagen y el caso de Sinaloa no se convertirá en un símbolo de impunidad.
Es decir, que la FGR abra carpetas de investigación, que la UIF revise operaciones financieras y se anuncien auditorías y revisiones institucionales. Además no estaría mal cooperar con EU pero bajo el marco legal mexicano, lo cual no es subordinación, sino apertura para no cubrir con el manto de la protección gubernamental a quienes pueden ser en realidad, delincuentes.
Pero por supuesto que negarse frontalmente a extradiciones o desacreditar todo lo que venga de EU ha hecho que escale el problema diplomático, -aunque hay que decirlo también- el aceptar automáticamente todo, tiene costos políticos internos.
Por lo mismo, en este escandaloso asunto de Sinaloa está bien que la Presidenta haya exigido pruebas formales contra los acusados, que se respete el Tratado de Extradición y sean en principio los Tribunales mexicanos los que resuelvan caso por caso y reitero, no el gobierno.
Quienes ya se adelantaron para contribuir a atenuar sus penas en EU entregándose a las autoridades gringas son el General en retiro General Gerardo Mérida quien era el secretario de Seguridad y Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas. Ah, el que está aferrado en no pedir licencia es el Senador Enrique Inzunza Cázarez insistiendo sin dar la cara, solo a través de post en X, que es inocente de lo que se le acusa. Los demás “extraditables” andan “perdidos”.
Por lo que se percibe es que el problema de fondo para la Presidenta Sheinbaum es que heredó la lógica política del obradorismo que es “respaldo fuerte a gobernadores aliados, a funcionarios, a legisladores leales, y a mantener el discurso de soberanía frente a EU”, pero cuando aparecen investigaciones trasnacionales ligadas al narcotráfico, esa estrategia puede volverse contraproducente, tal como está ocurriendo.
Por eso, desde un punto de vista político, a la Presidenta Sheinbaum en éste peliagudo Caso de Sinaloa, le convendría más priorizar la Legalidad, la Transparencia y la Distancia Institucional, aunque implique costos internos dentro de Morena o tensiones con los aliados PT y PVEM.
ADENDUM:
La implicación del General retirado Gerardo Mérida en el Caso Rocha Moya quien siendo Secretario de Seguridad en Sinaloa se entregó a las autoridades de EU que lo acusan de sus vínculos con el narco, -que si lo hizo fue por su muy personal decisión- sí es un golpe fuerte al prestigio institucional del Ejército que en los gobiernos de AMLO y Sheinbaum recibieron y reciben muchísimo poder político, operativo y económico.
Se percibe inquietud en las Fuerzas Armadas por el riesgo de que EU amplíe sus investigaciones sobre más funcionarios civiles y militares que operan en las estructuras de seguridad en el país.
Hay voces de la oposición al gobierno especulando que “el Ejército está molesto con Sheinbaum porque si en vez de reaccionar pidiendo pruebas a EU sobre el Caso Sinaloa y hablar de soberanía, hubiese marcado de inmediato su ruptura con Rocha Moya, el resultado hubiese sido otro”.
Yo puedo afirmar que sí existe presión, incomodidad y preocupación dentro del Gabinete de Seguridad por ese escandaloso caso, pero no hay nada firme sobre una fractura entre el Ejército y el gobierno federal, por ahora.
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