La Comuna

José Ángel Solorio Martínez

El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya -acusado por graves delitos por un juez de EUA- está estrechamente vinculado a la flagrante intervención del embajador norteamericano Ronald Johnson, en los asuntos que sólo competen a los mexicanos.
Johnson se llevó al baile a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos al endilgarle la operación de agentes de la CIA en operativos en la entidad en una franca violación a la soberanía del estado mexicano.
Las aguas, casi amagan con llegarle al cuello al alto funcionario de la administración Trump. En esencia, la responsabilidad suprema de esas acciones emanó de la embajada de EUA. Es decir: el origen de todas las desgracias de la gobernadora Maru, llegan por los ductos de entrada y salida del representante de ese gobierno.
Maru es corresponsable de los hechos que puedan derivarse en la conculcación de las leyes constitucionales y la ley de seguridad nacional. Lo que sin duda se desprende de una mirada objetivamente jurídica, de todo el cúmulo de circunstancias que rodean el acontecimiento, es que Johnson carga con el mayor peso de la responsabilidad.
En un embajador, las actitudes intervencionistas en el país que generosamente los hospeda, son altamente toxicas para una relación bilateral sana y de confianza.
La opinión pública internacional está atenta a esa práctica de los EUA. El desgaste sufrido por la administración Trump por el caso de Venezuela -todavía sin resolverse en el poder judicial gringo- y el asunto de Irán en curso, pone en la picota la política exterior trumpistas.
La CIA, así como arrastró a su presidente a un garrafal error estratégico para doblegar al régimen de los Ayatolas, está bajo el escrutinio de dentro y fuera del gobierno norteamericano.
La muerte de los agentes de esa agencia -otra pifia- en medio de una operación antidrogas, se puede catalogar como una falla de alto costo para la CIA y para quien esta oficina rinde cuentas: el embajador Johnson.
Son muchas erratas para que no haya consecuencias: en la agencia de espionaje y en la estructura de la representación de EUA.
El apresuramiento de Johnson y su ansiedad le hicieron tomar la ofensiva contra el gobierno de México, y acusó sin pruebas de peso a Rocha Moya y a una decena de servidores públicos morenistas.
El resultado: la pausada respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, a la petición de “detener con motivo de extradición” al gobernador de Sinaloa.
La orden -porque así suena: detener con motivo de extradición- tuvo muchas implicaciones.
No sugiere a las autoridades mexicanas, investigar al Ejecutivo estatal que incurre en un presunto delito; ordena llevarlo preso.
Por muy juez que sea en EUA, sin pruebas, sin proceso de por medio y sin una investigación a fondo, llevar a la cárcel a un ciudadano mexicano no es así de sencillo.
La vez que un embajador de EUA metió sus manos en la política interior mexicana, nos fue mal: Henry Lane Wilson, orquestó el golpe militar contra Madero y operó su asesinato.