Golpe a golpe

Por Juan Sánchez Mendoza

Cuando Claudia Sheinbaum Pardo asumió la Presidencia de México –día 1 de diciembre de 2024–, la deuda pública total superaba los 17.4 billones de pesos. Y actualmente rebasa los 18.6 billones, según datos oficiales.

O sea, en tan sólo 12 meses de su administración, creció más de 1.2 billones, que es el saldo histórico más alto del endeudamiento.

Sin embargo, el subdirector de análisis económico de CIBanco, James Salazar, considera que esos niveles de deuda no representan un ‘foco rojo’ para la economía mexicana, pero sí un llamado de atención para mejorar la capacidad de ingresos.

“Los niveles son todavía manejables”, dice, a diferencia de lo que pasa en otras economías del mismo tamaño, que a raíz de la pandemia sufrieron deterioro en sus finanzas públicas.

El crecimiento de la deuda, explican los especialistas, ocurre porque el gasto sigue subiendo, pero los ingresos no aumentan a la misma velocidad y esta discrepancia incide fuerte en la crisis, ya que el incremento del gasto público ha sido para sostener programas sociales y construir obras insignia en el sexenio anterior, como la ´Refinería Olmeca’ en Dos Bocas (Tabasco) y el Tren Maya que recorre los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, deben cubrirse intereses onerosos que no pueden liquidarse en tiempo y forma por falta de recaudación y, al renegociar la deuda, crece el débito.

Ciertamente, la deuda externa ha sido reestructurada en cuanto toca a sus amortizaciones, según lo advierte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHyCP), lo que significa que los plazos para el pago de capital se ampliaron por varios años más, evitándose con ello compromisos con la usura internacional, pero, al tiempo, se contrajeron con la usura ‘nacional’.

Esto podría causar un colapso económico.

Y aunque Sheinbaum Pardo se niega a reconocer que la economía nacional atraviesa por la peor crisis de su historia y que la reparación del daño no habría de darse en la primera mitad de su administración, existen analistas que sí saben del tema y a través de estudios objetivos, sin tintes partidistas ni ideológicos, se han encargado de sugerirle que hoy, por lo menos, hable con la verdad, en cuanto al endeudamiento público.

Que no trate de tapar el sol con un dedo. Sobre todo, cuando aduce que los (+/-) 130 millones de mexicanos (la cifra poblacional estimada) estamos (ya) en franca recuperación.

Inclusive, asoman economistas que adelantan que, de no revertirse la tendencia negativa, México caería en un colapso económico, por lo que tendrían que tomarse otras medidas para tratar de mantener el barco a flote, como serían una drástica devaluación de nuestra moneda, la venta de más empresas (todavía) propiedad del Estado y/o un nuevo y mayor endeudamiento externo.

De otra forma, advierten expertos que trabajan como investigadores en algunas de las instituciones más destacadas del país, la economía nacional continuará en picada y el actual régimen presidencial, como los nueve que lo antecedieron –encabezados por Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador–, prácticamente sería de fracaso.

La situación económica que padece México es, ciertamente, en buena parte consecuencia de la crisis mundial. Pero igual contribuyen al quebranto el excesivo poder burocrático, la inversión especulativa, el gasto desorbitado de nuestros gobernantes y el pillaje de algunos funcionarios públicos que las últimas cinco décadas han devaluado el peso en múltiples ocasiones –directamente o disfrazando el hecho con el deslizamiento de nuestra moneda frente a otras más fuertes, como el dólar y/o el euro–, convirtiendo el circulante en una divisa poco atractiva para el mercado mundial.

De ahí recobra capital importancia la sentencia del filósofo inglés John Emerich Edward Dalkberg Acton, más conocido como Lord Acton en 1887, quien estableciera la sentencia: ‘el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente’.

Y, en efecto, aquí en México los programas económicos del Gobierno Federal han fracasado a pesar de tantos planes y estrategias sexenales; y han fracasado porque los servidores públicos han hecho con la riqueza nacional los que se les ha dado su regalada gana; porque han gastado ofensivas cantidades de dinero en los procesos electorales, en los viajes presidenciales, en su promoción mediática y hasta en el sostenimiento de empresas fantasmas o, en el mejor de los casos, improductivas.

Y todo ese saqueo, obviamente, lo han cubierto elevando impuestos, y contratando deudas (interna y externa).

Por eso la economía del país ha fracasado sexenio tras sexenio, aun cuando a ese deterioro también contribuya el hecho de que los burócratas tengan mucho poder y en sus manos tengan el manejo presupuestal.

Tan sólo en las últimas nueve administraciones presidenciales, como en la actual, se han implementado diversos programas económicos, pero estos no han funcionado quizá por falta de continuidad o tal vez porque no ha existido voluntad para apostarle a un fortalecimiento sostenido y sustentable en la materia.

Lo cierto, es que la deuda pública es mayúscula.

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