Por Agustin Peña Cruz
CDMX.- La organización ARTICLE 19 México y Centroamérica manifestó su preocupación
ante una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas en Tamaulipas, al advertir que podría abrir la puerta a
mecanismos de control estatal sobre el ejercicio periodístico bajo criterios éticos.
La propuesta, impulsada por la diputada Cynthia Lizabeti Jaime Castillo, plantea la creación
de un “Colegio de Periodistas de Tamaulipas”. Aunque en su exposición de motivos se
afirma que no se busca censurar ni imponer control gubernamental, la redacción vigente
permitiría la recepción y difusión pública de quejas por presuntas faltas éticas, lo que
—según la organización— podría derivar en esquemas de presión y hostigamiento contra
comunicadores.
Uno de los puntos centrales de preocupación radica en la autonomía del organismo
propuesto. Si bien se le define como una entidad sin facultades coercitivas, la iniciativa
establece vínculos operativos con la Coordinación Estatal del Mecanismo de Protección, lo
que permitiría canalizar denuncias hacia este ente, debilitando su independencia y abriendo
la posibilidad de injerencia institucional.
Asimismo, la definición de quién puede ser considerado periodista dentro del Colegio ha
sido señalada como restrictiva. La organización recuerda que tanto la Corte Interamericana
de Derechos Humanos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sostenido que
el periodismo debe entenderse desde una perspectiva funcional, vinculada al rol social de
informar, y no limitarse a criterios profesionales o académicos formales.
Otro aspecto que genera inquietud es la facultad del Colegio para emitir recomendaciones
públicas, extrañamientos e informes anuales sobre estándares éticos. ARTICLE 19 advierte
que estas prácticas podrían derivar en señalamientos públicos o “listas negras” que afecten
la reputación de periodistas y medios, particularmente en un contexto donde las campañas
de desprestigio digital son recurrentes.
Aunque el proyecto señala que sus resoluciones tendrían un carácter orientador, contempla
la posibilidad de sugerir disculpas públicas, capacitación obligatoria o ajustes editoriales, lo
que, en los hechos, podría constituir mecanismos indirectos de presión.
La organización también alertó sobre el riesgo de que el Estado pretenda establecer
parámetros de moralidad o ética en el ejercicio informativo, ámbitos que —ha sostenido la
Suprema Corte— carecen de definiciones uniformes y requieren una estricta neutralidad
gubernamental para no vulnerar la libertad de expresión.
Si bien reconoce que existen colegios de periodistas en distintos países, ARTICLE 19
subrayó que su legitimidad depende de su plena autonomía frente al poder público. En ese
sentido, llamó a replantear la iniciativa y a priorizar políticas de protección efectiva a
periodistas, en lugar de crear instancias que puedan fungir como órganos de evaluación
ética con potencial de sanción social.

Fuente: https://articulo19.org/iniciativa-en-tamaulipas-un-riesgo-de-control-estatal-y-
tribunales-eticos-contra-la-libertad-de-expresion/