Por Agustin Peña Cruz
Ciudad Victoria, Tamps.- La aplicación de la llamada Ley Silla en Tamaulipas exhibe una
paradoja que incomoda tanto al sector laboral como al empresarial: la norma existe, el
discurso oficial es firme, pero la presión institucional parece dirigirse —al menos en los
hechos— hacia quienes menos capacidad tienen para absorber cambios inmediatos,
mientras las grandes cadenas permanecen en un segundo plano.
En entrevista, el secretario del Trabajo y Previsión Social en Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi
Reyes, reiteró que el incumplimiento de las condiciones generales de trabajo conlleva
sanciones. “Va desde sanciones económicas, varía entre 500 UMAS en adelante a los que
no cumplan”, advirtió, al tiempo que recordó que estas multas aplican de manera general
por violaciones laborales, incluido el salario mínimo y la nueva obligación derivada de la Ley
Silla.
Sobre esta última, el funcionario fue enfático en que las empresas deben ajustar ya sus
protocolos: “Ya terminar de la ley silla… va a ser importante que todos ya vayan adaptando
sus protocolos al conceder este espacio para que puedan tener un descanso activo el
personal”. La fecha límite, recordó, fue el 27 de diciembre, y a partir de entonces la
autoridad se encuentra plenamente facultada para inspeccionar y sancionar.
Sin embargo, al abordar el terreno operativo, el discurso adquiere matices. Illoldi reconoció
que las inspecciones se han concentrado principalmente en empresas de menor tamaño.
“Se ha estado trabajando con empresas de menor tamaño por el proceso de adaptación que
requieren un poco más de atención. Son las más afectadas las de menor tamaño”, señaló,
matizando después que, en realidad, no se trata de afectación sino de acompañamiento y
concientización, sin multas hasta el momento.
El problema surge cuando se contrasta esa estrategia con casos visibles de grandes
cadenas comerciales que, de acuerdo con reportes periodísticos, aún no han implementado
la Ley Silla en zonas como el sur del estado. Al ser cuestionado sobre una empresa de gran
calado, el secretario admitió que no se tenía un reporte formal previo, aunque aseguró que
“lo vamos a atender a la brevedad” y que en los próximos días se dará un plazo para su
cumplimiento.
Por otra parte, mientras las pequeñas y medianas empresas reciben visitas, orientación y
vigilancia constante, las grandes corporaciones —con mayor músculo financiero y
capacidad de adaptación— parecen quedar relegadas al final de la agenda inspectiva. En
los hechos, esta lógica termina cargando el peso de la transición normativa sobre quienes
tienen menos margen operativo, justo lo contrario de lo que dictaría un principio de equidad
regulatoria.
Illoldi defendió la política de inspecciones al afirmar que “no se han dejado de hacer” y que
existen operativos constantes, apoyados incluso en un sistema compartido con la
federación que genera visitas de manera aleatoria. También reconoció una realidad
estructural: “El incumplimiento definitivamente siempre va a estar presente… en cualquiera
de las condiciones generales de trabajo”.
Ahí radica el fondo del debate. Nadie cuestiona la existencia ni la legitimidad de la Ley Silla;
lo que se pone en tela de juicio es la voluntad —o al menos la estrategia— para aplicarla de
manera pareja. Cuando la presión recae primero en los eslabones más débiles de la cadena
productiva y se posterga la supervisión de los grandes actores, el mensaje que se envía es
ambiguo: la ley es obligatoria, sí, pero no con la misma urgencia para todos.

No hay que olvidar que en un estado donde la informalidad y la desigualdad empresarial
conviven con grandes consorcios comerciales, la aplicación selectiva o gradual de la norma
corre el riesgo de convertirse en un factor más de asimetría. La ley está escrita; lo que sigue
en disputa es si su cumplimiento será realmente universal o si, una vez más, el peso de la
legalidad terminará recayendo sobre quienes menos recursos tienen para resistirla.