Por Agustín Peña Cruz
Tampico, Tamps.- En un momento donde la confianza ciudadana en las instituciones
públicas se encuentra en constante escrutinio, el municipio de Tampico ha puesto acción
firme hacia la construcción de una administración más ética, transparente y humana.
Funcionarios públicos de distintas áreas del gobierno local, incluyendo personal operativo
como elementos de Tránsito y Vialidad, participaron en una capacitación integral sobre
“Defensa de los derechos humanos en el servicio público municipal”.
El evento fue encabezado por el regidor Cuitláhuac Ortega Maldonado, comisionado en
Derechos Humanos del cabildo porteño, con el respaldo de la segunda visitaduría de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a cargo de José Luis Cruz Fuentes, y con la
presencia del secretario de Administración, Héctor Villalpando.
La capacitación se realizó en la Casa de la Cultura de Tampico y fue impartida por
especialistas en la materia, con énfasis en el marco normativo vigente, particularmente en lo
dispuesto por los artículos 118 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que señalan, respectivamente, la obligación de los ayuntamientos de observar
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública.
“Los servidores públicos no pueden alegar ignorancia de la ley. Están obligados no sólo a
conocerla, sino a aplicarla con respeto a los derechos fundamentales de las y los
ciudadanos”, declaró Ortega, al subrayar que esta capacitación no es un acto
representativo, sino un ejercicio sustantivo que busca dignificar el trato al ciudadano desde
las estructuras más básicas del gobierno local.
El regidor informó además que su comisión ha realizado jornadas comunitarias en colonias
con alta incidencia de violencia familiar, donde ha promovido la cultura de la denuncia,
especialmente entre mujeres que enfrentan condiciones de vulnerabilidad. “Nuestra
responsabilidad institucional no se limita al escritorio. Tiene rostro, nombre y urgencia
social”, agregó.
Este esfuerzo formativo se enmarca también en el Código de Ética del Gobierno de
Tamaulipas, el cual establece que todo servidor público debe actuar con integridad, respeto,
equidad y responsabilidad, al tiempo que está obligado a prevenir cualquier forma de abuso
de poder, discriminación o trato indigno hacia la ciudadanía. El Código de Ética de
observancia obligatoria, articula una cultura de legalidad basada en la vocación de servicio.
Según el propio código, “el buen servicio público no es un favor, es un derecho humano”,
una máxima que resonó durante la jornada y que se busca convertir en principio rector de la
administración municipal.
La asistencia de funcionarios de campo, como el personal de Tránsito, no fue un hecho
menor. Se trata de quienes tienen el contacto más inmediato y frecuente con la ciudadanía,

y por tanto, sus actos tienen el potencial de representar —o de traicionar— el compromiso
institucional con los derechos humanos. La capacitación abordó casos prácticos, protocolos
de actuación y mecanismos para prevenir conductas que puedan derivar en abusos de
autoridad o tratos discriminatorios.
La iniciativa se perfila como una política permanente y no esporádica. Ortega adelantó que
buscará institucionalizar estos cursos de manera periódica y con evaluación de impacto,
para que el discurso de respeto a los derechos humanos no se quede en un protocolo, sino
se traduzca en una experiencia cotidiana para los tampiqueños.
Es importante resaltar que en un país como México donde la violencia estructural y la
impunidad siguen siendo obstáculos recurrentes en el acceso a la justicia, los esfuerzos
como el de Tampico no deben ser excepcionales, sino modelo. Apostar por la formación
ética de los funcionarios públicos no solo dignifica a la administración, sino que reafirma el
principio constitucional de que el poder público, en todas sus formas, está al servicio del
pueblo.