Por Luis Enrique Arreola Vidal.

En Tamaulipas, la educación superior ya no forma ciudadanos: fabrica cómplices.

Bajo la rectoría de Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha dejado de ser una institución educativa para convertirse en el laboratorio de corrupción más

Un uso sofisticado del noreste del país. Una red de tráfico de influencias, contratos amañados y desfalcos con nombre y apellido se ha incrustado como metástasis en sus facultades, sus presupuestos… y sus discursos.

De rector transformador a operador del saqueo.

Dámaso Anaya llegó prometiendo excelencia académica. Hoy, su único legado es una “excelencia patrimonial” entre funcionarios de confianza que compran terrenos, fundan empresas y adquieren vehículos a precio de regalo… con dinero que no es suyo.

¿Pruebas?
• En la Facultad de Ingeniería y Ciencias, Franklin Huerta Castro vendió una camioneta oficial a su esposa en menos de 80 mil pesos. Precio de ganga, pago entre familia, avalado por la dirección. Un delito disfrazado de trámite administrativo
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• En la Facultad de Comercio de Nuevo Laredo, Gerardo Delgado Rivas otorgó contratos millonarios a “Divertiland Inflables”, empresa propiedad de su esposa. Sí, inflables. Y no para estudiantes… sino para inflar facturas.

•   Entre 2016 y 2023, el equipo Correcaminos —proyecto universitario financiado con recursos públicos— desvió más de 70 millones de pesos. La UIF ya lo tiene documentado. ¿Y las autoridades? En la banca… pero de la omisión.

“Austeridad” con aviones y camionetas blindadas

Anaya anunció con bombo morenista un plan de austeridad universitaria. Pero esa austeridad aplica sólo para los de abajo: los docentes con sueldos congelados, los salones sin clima, los laboratorios sin reactivos.

Los directivos, en cambio, siguen viajando en el avión privado de la UAT, usando camionetas blindadas y firmando adquisiciones a precio de emirato. Según informes internos:

•   El kilo de papel cuesta más que un kilo de carne angus.

•   Las plumas Bic llegan con sobreprecio.

•   Los sanitarios no tienen papel… pero los contratos de limpieza están llenos de ceros.

La UAT no necesita auditorías: necesita ministerios públicos.

Lo que está ocurriendo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas no es un error administrativo ni una falla contable: es una operación criminal con recursos federales y estatales.

Aquí no hay “presunción de inocencia”: hay evidencia documental, vínculos familiares, empresas fachada, transferencias sospechosas y omisiones deliberadas.

La Auditoría Superior de la Federación, la UIF, la FGR y la Contraloría Estatal tienen el deber de intervenir antes de que esta institución colapse por completo bajo el peso de su propia podredumbre.

La educación no se vende… se saquea

Tamaulipas no puede seguir permitiendo que los rectores sean virreyes y las universidades, cajas chicas del poder.

Si Dámaso Anaya tiene un mínimo de dignidad, debe separarse del cargo, ponerse a disposición de las autoridades y rendir cuentas. Y si no lo hace por ética, que lo haga por el futuro de miles de estudiantes que no merecen graduarse de una universidad con expediente judicial.

Porque la educación pública se defiende con libros, no con facturas falsas.
Y la autonomía no es licencia para robar: es responsabilidad para servir.

¡Basta de universidades que gradúan corruptos con toga y birrete!!