Opinión pública

Por Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- En 2021, por decreto del Congreso del
Estado, el policía tercero Benito Reyes fue beneficiado con una pensión
vitalicia, incapacidad total, luego de servir a Seguridad Pública Estatal por
espacio de 29 años.
Es correcto, y a lo mejor poco, que ingrese hasta diez mil mensuales,
más los aumentos que se vayan dando.
Igual que el Gobierno le deposite 17 mil mensuales a René Rodríguez
policía primero A”, quien sufrió incapacidad al 80 por ciento en el
cumplimiento de su deber.
Decenas de elementos han muerto en enfrentamientos con la
delincuencia. Sus familias -esposa e hijos- reciben el apoyo del erario como
una obligación no solo legal sino moral. El Estado nunca debe abandonar a
sus policías.
En 2016 a José Sabás Amaya, también lesionado, le autorizaron 17 mil
800, que ya deben ser una tercera parte más. Todo correcto.
Sin embargo ¿qué tan lícito -y moral- es que un diputado reciba pensión
vitalicia del Congreso, por una enfermedad que no adquirió en su ejercicio?.
Para comenzar, los diputados no son empleados del gobierno ni
participan en programa alguno de seguridad social. Se les pagan dietas por
asistencia a sesiones.
Al más puro estilo panista, este martes la representante por El Mante,
Lidia Martínez López, una de las “chapulinas” que abandonaron Morena
para irse con el cabecismo, solicitó al pleno un pago vitalicio como si fuera
diputada en activo, que deben ser algunos 85 mil del águila, más los
aumentos progresivos hasta que Dios le preste vida.
Desconcertó a sus colegas de la Diputación Permanente porque la
señora Martínez renegó de los guindas, los traicionó, les dio la puñalada por
la espalda y ahora les pide lana mientras exista ¿espera que se lo
concedan? Debe haber una ausencia de pena, o de escrúpulos.
El argumento: Que es empleada del Congreso y tiene un problema de
riñón ¿invalidez?.
No tuvo el valor de presentarla personalmente. Lo hizo una de sus
compañeras, Liliana Alvarez Lara ¿arrepentida de haber dejado Morena?
Debe ser.
Durante tres años le ha pegado a la bancada de la 4T ¿espera que le
paguen para que les siga pegando?.
En junio del 2021 (POE 30 septiembre), cuando el PAN mandaba en el
Congreso, en un hecho sin precedente, aprobaron pensión vitalicia para su
colega celeste Guillermina Medina Reyes, “en aras de retribuir los esfuerzos

realizados al dedicar parte de su vida y su trabajo a favor del servicio
público”, según el pastor Gerardo Peña ¿la merecía?.
Entre julio de 2020 y febrero del 2024 el Congreso autorizó 15 pensiones
para gente de Seguridad Pública. Varios alcanzaron el 50 por ciento del
sueldo.
Los diputados avalaron 30 pensiones entre 2012 y 2022.
En los primeros años del siglo varios alcaldes solicitaron decreto para
beneficiar de por vida a sus compadres (los últimos no saben que se puede,
porque no han pedido).
Hubo pensiones directas del Legislativo que se antojan absurdas, como
la autorizada en 2001 a un notario llamado Humberto de la Garza, y en
2007 a un abogado Rogelio Ramírez por 23 mil pesillos, en ese tiempo.
Merecen revisión de parte de los diputados, los 53 decretos expedidos
por la segunda legislatura de Eugenio Hernández Flores, que le aprobó sin
chistar lo que pidió ¿cuántas pensiones se siguen pagando? Desde luego
con aumentos que, con la inflación, las cifras deben andar al doble.
En otro ejemplo, el 10 de septiembre del 2009 entró en vigor el decreto
para pagar 81 mil mensuales a los deudos de Eduardo Garza Rivas.
Por la misma época 31 mil para los de Jaime Salazar Canales y 40 mil
Altair Tejeda Treviño.
A diferencia de policías rasos, hay familias de ex funcionarios de
Seguridad Pública que en 2010 comenzaron a recibir 76 mil pesos
mensuales.
Está la viuda de un es empleado de Obras Públicas a quien en el trienio
2008-2010, le concedieron 44 mil mensuales. Ahora deben ser el triple
¿sigue la paga?.
Otro dato es que, a los deudos de un alcalde asesinado en esa época,
los diputados de entonces concedieron cobrar en el Gobierno del Estado 50
mil cada 30 días ¿es función del gobierno? ¿por cuánto tiempo?.
Mejor dejamos el tema, no vayan a darse inconformidades o que
pretendemos ofender, pero sí es tema que debería revisar alguna
dependencia del gobierno de la transformación, y hacerlo público.
Y a la diputada que traicionó a los guindos, le recomendamos que vaya y
les pida perdón uno por uno, y que incluya al periodista que cacheteó en el
asalto al Palacio Legislativo el 11 de julio del 2023. Solo así tendría
esperanza le autoricen el “cochinito” de por vida.
Ya entrados con la legislatura, la coordinadora de la Junta de Gobierno,
Ursula Salazar, dijo que la Auditoría Superior reabrió cuentas públicas de
los cabecistas. Habrá novedades.
Digamos finalmente que el PAN, a través de la diputada Liliana Alvarez,
presentó iniciativa para despenalizar el “robo por hambre” de alimentos y
medicinas y que incluso la Fiscalía retire acusación de oficio, sin pedir
parecer a los ofendidos ¿fomentar el delito?. Sí.