Opinión pública

Por Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- La lista es de 18 empresas, algunas
boletinadas por “Lolita” (Hacienda) como factureras. Se cree que fueron
instrumento para el saqueo del erario.
De esa forma -servicios falsos- habrían pagado a los financiadores de la
campaña de Oscar Almaraz en 2016, y para alguien más cercano (familiar)
a Palacio de Gobierno.
Luego que la Auditoría Superior del Estado quedó liberada de sus
secuestradores del sexenio pasado, los fiscalizadores se disponen a
comenzar desde el principio: Investigar las pillerías en la administración
2016-2017 del gobierno de Victoria. De dos años andan “perdidos” más de
210 millones de pesillos.
Las cuentas “mochas” dicen que a Oscar y su Tesorero Gerardo Robles
Riestra, de la cuenta 2016, les faltaron 47.6 de la administración municipal,
51.7 de Comisión de Agua Potable, 13.2 del DIF y 3.6 del Instituto de
Planeación Municipal. En total 119.1 melones
El informe de resultados fue negativo. Desde entonces Don Jorge
Espino Ascanio, Auditor, debió comenzar el rastreo de la lana, pero le hizo
al desentendido, al tonto para que quede claro.
Nos echamos un “clavado” en la información generada por la Auditoría,
una lista de empresas que no encuentran ni sus domicilios, contratos u
operaciones financieras.
Llama la atención una firma llamada Comercializadora La Torre Azul,
cuyo representante se identifica como Julio Cesar Beattie Guevara. Al
gobierno de Almaraz, a través de José Manuel Flores Montemayor, le
“vendió” servicios “por publicación en medios de comunicación”.
El mismo representante Beattie, por medio de la empresa Materiales,
Edificación y Planeación Sierra Madre, le vendió al DIF estatal concreto
para construcción (contrato firmado por la entonces directora Omeheira
López Reyna).
Y a la Comisión de Energía (en 2017) cabecista le facturó millones por:
“Servicios profesionales integrales para la asistencia técnica de actividades
sustanciales del sector energético” (todo un galimatías).
Una empresa “multifacética” de cuyas operaciones con la administración
almaracista, la ASE no tiene documentación que justifique los pagos.
JEMCIA es otra empresa boletinada por el órgano fiscalizador, por
sospechar que causó daño patrimonial al municipio capitalino, no solo con
Almaraz sino en el gobierno de 24 meses de Xicoténcatl González Uresti.
Según investigaciones periodísticas, el proveedor tiene domicilio
inexistente, similar a otras firmas boletinadas por Hacienda como factureras,

Mandare Avanti y Grupo Aries, colonia Lagos del Bosque, en la ciudad de
Monterrey.
Parece haber un patrón en el modus operandi. Facturaron en el gobierno
municipal, pero también en el estatal panista y gozaron de la protección de
la Auditoría Superior de Espino Ascanio.
Otro ejemplo es el de Grupo Empresarial JER, en la lista de factureras
de la Unidad de Inteligencia Financiera. Recibieron contratos de la
administración local, gobierno estatal y del Instituto del Deporte.
Andan “perdidos” hasta los domicilios físicos y papeles de tales
empresas. No se sabe por qué se les pagó y si realmente prestaron los
servicios.
Igual puede haber responsabilidad en la entonces Contralora
Andrómeda Montiel y el síndico Eduardo García Fuentes.
Hay más que cobraron en el gobierno de Almaraz, algunas
“desconocidas” como Perfil Político de Tamaulipas, Virialma Construcciones
(que tiene representaciones en Nuevo León), Madizone Entretenimiento y
Casmal Proyectos y Servicios del Norte.
De las cuentas 2017 la Auditoría no encontró justificantes de gastos por
101.3 millones, por lo cual se levantaron 89 procedimientos administrativos
de funcionarios, pero nadie ha regresado dinero o pagado con cárcel.
El dictamen se levantó el 18 de febrero del 2019, con el resultado: “No
cumplió con las disposiciones legales y normativas en la aplicación del
gasto”, aun cuando años después trataron de justificarlas.
Por eso el fiscalizador, Francisco Noriega Orozco, sigue la pista del
dinero. El daño patrimonial se estima en 210 millones de pesos.
Tema aparte, llamó la atención la lista de suspirantes a presidir la
Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, tras la partida de la
cabecista Olivia Lemus.
Por ejemplo, van Armando Villanueva Mendoza y Lucía Graciano Casas,
ex magistrados del Tribunal de Justicia. El fue director de la Facultad de
Leyes y años atrás secretario de Administración del Gobierno.
Y está listo, montado y armado para volver a la chambita el abogado
Martín García Martínez, que en dos etapas en la CODHET.
De los 23 suspirantes, terminado el proceso de selección, el “bueno”
sería Matías Ramón Ochoa Delgado, ex director de Policía Municipal. Tiene
la experiencia y contactos suficientes. Veremos.
A través del Comité Estatal de Seguridad en Salud, el gobierno estatal
acordó tomar medias urgentes de protección a la población ante altas
temperaturas en el periodo del 21 al 30 de mayo. Se habilitarán albergues,
suspensión de actividades deportivas y clases virtuales si el termómetro
supera los 43 grados.
En lunes, el Gobernador Américo Villarreal presidió honores a los
Símbolos Patrios en las instalaciones de la Normal de Educadoras.