Resulta incongruente que el presidente López Obrador haya criticado ayer durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional a los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá en activo y a José Ramón Cossío Díaz en retiro por participar en la marcha del pasado domingo en la Ciudad de México en Defensa del Poder Judicial de la Federación (PJF) cuando él mismo dijo la semana pasada que: “a mí me gustaría que ahora que van a hacer manifestaciones que marchen los ministros, además sirve que les dé el sol”.
El político tabasqueño creyó que los ministros nunca se atreverían a dejar sus oficinas para salir a las calles a defender los derechos laborales de los trabajadores del PJF inmersos en los fideicomisos que cancelaron los legisladores federales de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.
Y como ejemplo que la extinción de los fideicomisos del PJF si afectan a los trabajadores está el caso de Alondra, una niña con parálisis cerebral que participó en la marcha realizada el pasado domingo en Guadalajara, Jalisco.
La menor estuvo acompañada por sus padres, quienes revelaron que Alondra es atendida en el ISSSTE, pero requiere de un medicamento que no está en el cuadro básico de la institución, por lo que se ven en la necesidad de adquirirlo por fuera para no interrumpir el tratamiento de su hija.
La mamá de Alondra, que trabaja como historiadora en la Casa Jurídica de Guadalajara, explicó que el fideicomiso de Prestaciones Médicas Complementarias al que tiene derecho, ha podido atender a su hija, por lo que decidió participar en la marcha en defensa del PJF.
Y aún así, López Obrador insistió ayer en su conferencia mañanera de Palacio Nacional que los fideicomisos son privilegios exclusivos para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya aseveración no sólo demuestra que desconoce por completo los derechos de los trabajadores del PJF, sino también que su campaña de desprestigio y hostigamiento contra González Alcántara Carrancá y Cossío Díaz es en venganza porque no se muestran sumisos y obedientes como los legisladores de Morena y sus aliados.
Por cierto, también resulta vergonzoso que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, haya dicho que no hay una invitación formal para que acuda hoy la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández a fin de discutir la importancia que tienen los fideicomisos del PJF, sobre todo después de que un grupo de senadores de Morena, como es el caso de Cristóbal Arias Solís, César Cravioto Romero y Alejandro Rojas Díaz Durán, la convocaron oficialmente para sostener un encuentro antes de deliberar sí se aprueba o no la iniciativa de reforma.
Seguramente Ramírez Aguilar recibió la instrucción de López Obrador para no recibir a la ministra presidenta Piña Hernández, puesto que no debemos olvidar que el tabasqueño les ordenó a todos los altos funcionarios de su gabinete que no tuvieran relación con las ministras y los ministros, ni siquiera que les contestarán el teléfono en caso de buscar una comunicación entre ambos poderes de la Unión.
No se puede descartar está posibilidad porque Ramírez Aguilar consulta a Palacio Nacional antes de tomar una decisión en el Senado, como cuando preguntó sí le daba “luz verde” a la elección de una de las tres candidatas al cargo de magistrada de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero le dijeron que no y para no quedar mal ordenó que se hiciera una votación simulada para que ninguna de ellas obtuviera la mayoría.
Las candidatas eran Nancy Correa Alfaro, Araceli Yhalí Cruz Valle y Cecilia Guevara y Herrera, todas ellas con una larga trayectoria en el TEPJF y probada capacidad en materia electoral, pero ninguna de ellas logró obtener el cargo por una instrucción de Palacio Nacional que obedeció el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.
Es comprensible la actitud sumisa del senador Ramírez Aguilar porque de ninguna manera quiere disgustar a López Obrador, puesto que desea obtener la nominación de Morena a la gubernatura de Chiapas.
De ahí que seguramente la ministra presidenta Piña Hernández no reciba la invitación formal para asistir hoy al Senado para discutir la importancia de los fideicomisos que anularon en la Cámara de Diputados y que seguramente pasará lo mismo en la cámara alta del Congreso de la Unión.
En otro tema, resulta que siempre sí se aventó el joven Samuel García Sepúlveda a solicitar licencia como gobernador de Nuevo León para buscar la nominación de Movimiento Ciudadano (MC) para la elección presidencial del 2024, a pesar de que corre el peligro de no poder regresar al cargo en caso de fracasar, como se espera, en esta nueva aventura política.
El primer escollo que deberá sortear el joven García Sepúlveda será que el Congreso Local, con mayoría del PAN y del PRI, acepte su propuesta de dejar como gobernador interino al actual secretario general de gobierno de Nuevo León, Javier Luis Navarro Velasco.
Corre la versión de que el Congreso Local aprovechará la oportunidad para designar a un gobernador interino surgido de las filas del PAN o del PRI para que busque casos de corrupción que impidan legalmente el regreso del joven García Sepúlveda a la gubernatura de Nuevo León.
También se habla de que el joven García Sepúlveda se quedará con las ganas de ser candidato del MC a la presidencia de la república, puesto que llegaría como emergente Marcelo Ebrard Casaubón luego de revisar las encuestas de diciembre de 2023 y enero de 2024, en donde el canciller seguramente rebasará al joven García Sepúlveda.
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