Golpe a golpe

Por Juan Sánchez Mendoza

Haber reprobado las evaluaciones de control y confianza, que le practicó el Centro Nacional de Inteligencia, es motivo suficiente para destituir al Fiscal (de Tamaulipas) Especializado en Combate a la Corrupción, aunque existe, también, para su remoción, un ordenamiento legal determinante: Ser (ésta) aprobada por las dos terceras partes del pleno legislativo.

De ahí que la Comisión Permanente del Congreso local sólo alcanzara a aplicar (tras haber aprobado un punto de acuerdo) como medida cautelar, separarlo provisionalmente del cargo, por él haber perdido los requisitos de elegibilidad; aunque eso marca el inicio de un proceso reglamentario contra el aludido.

Raúl Ramírez Castañeda no ha manifestado su postura, públicamente, lo que lleva a suponer que estaría armando su defensa junto al coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) para evitar que la fracción parlamentaria de morena logre convencer a otros legisladores para tener la mayoría requerida y sea destituido oficialmente del cargo.

Con ese asunto se abriría el primer período de sesiones del tercer año de la LXV Legislatura del Congreso local; y hasta la víspera sólo mostraron su desacuerdo con la remoción los diputados albicelestes Luis René Cantú Galván y Leticia Sánchez Guillermo, vocales de la Comisión Permanente.

Esto, hace suponer que el resto de los diputados panistas no acatarían ‘la línea’ de Francisco Javier García Cabeza de Vaca –‘dictada’ a través del mentado ‘Cachorro’–, para defender al fiscal, por entender que el caso está perdido. Que indefendible.

Así que no le extrañe que, en los primeros días octubre próximo, se dé formalmente la destitución de Ramírez Castañeda.

Una vez depuesto, le tocaría a la Fiscalía General de Justicia proceder a procesarlo jurídicamente, para que responda por el rosario de delitos que cometió como jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, de la Secretaría de Finanzas; y como fiscal anticorrupción.

El sacudimiento al árbol de procuración de justicia, debió ocurrir desde el 26 de octubre de 2022 cuando el fiscal general, Irving Barrios Mojica, por sus diferencias con Ramírez Castañeda y para cobrarle afrentas, comunicó al Congreso de Tamaulipas que: Raúl no aprobó los exámenes de control y confianza, requisito para ser fiscal anticorrupción.

Sin embargo, la legislatura desechó atender el asunto, por encontrarse el entonces órgano del control legislativo –Junta de Coordinación Política–, en manos del diputado panista Félix Fernando García Aguiar, quien avisó a Ramírez Castañeda y éste promovió un amparo para evitar su destitución.

Una vez que la fracción parlamentaria de morena recobró la Jucopo, el 13 de enero de 2023, insistió en remover a Ramírez Castañeda, pero por la suspensión provisional que le otorgó el juez séptimo de distrito con sede en Reynosa –al servicio de García Cabeza de Vaca–, continuó en el cargo.

En agosto 7 próximo pasado Raúl Hernández Chavarría, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) estatal presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia contra Raúl Ramírez, a quien acusa de entregar beneficios económicos a familiares y otorgarles de manera indebida nombramientos a personas sin la preparación académica requerida.

Ofreció como pruebas, que:

1) Cuando Ramírez Castañeda despachaba como jefe de la UIFE –en ejercicio de sus funciones–, realizó un acto jurídico que produjo ‘beneficios económicos’ a su hijo Carlos Emiliano Ramírez Pizarro; favoreciendo, igual a su cuñado Ricardo Pizarro Pizarro, quien, sin ser abogado de profesión y cuyo grado máximo de estudios es el nivel secundario, fue designado como auxiliar jurídico de la UIFE; y

2) Que benefició a Gloria Luz Buendía Mestas, quien formaba parte de su despacho particular, ‘Ramírez Castañeda & Asociados, S. C’, Gloria Luz Buendía Mestas, nombrándola como jefa del Departamento de Extinción de Dominio y Amparo en la UIFE, sin nunca haberse presentado a trabajar.

Además, siendo funcionario estatal, Raúl financió:

a) La creación de una empresa dedicada a la venta de combustible, en San Pedro Garza García (Nuevo León), el 27 de abril de 2021, denominada ‘Petroroca Hidrocarburos, S. A. de C. V., donde su hijo (Carlos Emiliano) es el socio mayoritario, cuando Ramírez Castañeda era titular de la UIFE; y

b) La constitución de otra empresa dedicada a ese mismo ramo. Igual, en San Pedro Garza García y +/- en la misma fecha, cuya denominación es ‘Gasoluem, S. A. de C. V.’, donde su hijo Carlos Emiliano y su hermano Levi son socios.

En las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia, seguramente surgirán otros ilícitos.

Mientras tanto, ya está iniciado el procedimiento para su destitución.

Cicuta

En caso de ahondar en sus investigaciones sobre actos de corrupción en la UIFE, su titular actual encontraría, igual, hartos ilícitos cometidos por Javier Castro Ormaechea. El antecesor de Ramírez Castañeda.

Hoy despacha como magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Supremo Tribunal de Justicia.

Una prueba más de que el cornudo dejó la iglesia en manos de Lutero.

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