EL ESPEJO
Por Lourdes Ramírez Flores


El 22 de marzo el Senado de la República aprobó reformar la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el apartado del artículo 103 que habla sobre
los derechos alimentarios, con el objetivo de garantizar se cumpla con las obligaciones de
satisfacer las necesidades de sustento y supervivencia de los hijos.
Esta reforma conocida también como la Ley Sabina, fue aprobada primeramente por el
Congreso de la Unión hace poco más de dos años, no obstante que se mantuvo
empolvada durante veinte años sin que los Legisladores federales, y Senadores le
quisieran poner atención.
Sin duda que la presión de activistas en el país que han levantado la voz para pugnar por
los derechos de las niñas, niños y adolescentes tuvo mucho que ver en ello. Pero en
particular la férrea batalla de la Oaxaqueña Diana Luz Vázquez Ruíz, quién levantó la voz
y exigió los derechos de su hija Sabina, cuyo padre negó el reconocimiento y por
consiguiente cumplir con sus obligaciones paternales.
Se crea con esta reforma el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, es decir las
personas que se han negado a proporcionar pensión alimenticia a sus hijos y aparezcan
en este registro serán sancionados negándoseles el derecho al pasaporte, por lo tanto no
podrán salir del país; no contarán con licencia de manejo, credencial del INE, tampoco
lograran volver a contraer matrimonio, no conseguirán aspirar a cargos de elección
popular ni a ocupar cargos de juez local ni federal, tampoco podrán realizar compra-
ventas de inmuebles ante un notario público.
Esta reforma está inquietando a muchos padres ausentes y desobligados con sus
vástagos. Hijos e hijas no reconocidas, olvidadas, que viven en el anonimato de sus
obligaciones alimentarias a sabiendas de su existencia.
La Ley Sabina viene a quitar las costras de la irresponsabilidad de los padres con los
hijos, es una reforma a la Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. De ahí
que cientos o miles de deudores estarán echando el grito de la inconformidad porque
simplemente olvidaron que cuando se engendra un hijo se crea una responsabilidad y
éstos un derecho a la alimentación, nutrición, vestido, atención médica, habitación,
recreación, gastos de embarazo y parto, asistencia medica hospitalaria, entre otros.

En Tamaulipas se aprobó esta iniciativa presentada, apoyada y defendida por la Diputada
Local Priista, Alejandra Cárdenas Castillejos; quién se ha enfrentado a la indiferencia de
algunos legisladores, pero además a la lentitud de las autoridades responsables de
entregar la información para darle peso al Registro Estatal de Deudores Alimentarios
Morosos.
La legisladora ha pedido al poder judicial y al Registro Civil agilizar la información de los
nombres de deudores prófugos de sus responsabilidades. Ha dicho que existen por el
momento 700 personas en lista.
Cabe decir que a nivel nacional 7 papás de cada 10 que se han divorciado no cumplen
con la pensión alimenticia; en términos generales podemos ver que las cifras son muy
altas, en su gran mayoría son hombres quienes incumplen con sus obligaciones de
manutención. Hay más de 35 millones de madres que son afectadas por el abandono del
padre de sus hijos.
Sin duda que esta disposición que cuenta con 300 días para integrar el Registro Nacional
de Deudores Alimentarios será un puente de crecimiento y desarrollo de la niñez de
México, que han padecido el abandono de sus padres principalmente. Las instituciones
involucradas en esta importante iniciativa y reforma de ley son los Sistemas DIF de cada
entidad, las Procuradurías de protección y el Registro civil.
Ahora sí, todo aquel padre deudor que aspire a un cargo de elección popular es preferible
se ponga a cuentas; aquellos padres que han olvidado su paternidad, sin reconocimiento
de su hija o hijo es recomendable empezar a darle cumplimiento a los años de abandono
considerando que la obligación no concluye hasta que el hijo o hija terminen con sus
estudios universitarios.
La ley Sabina ya está activa en Tamaulipas y muchos padres están como gelatina, muy
endebles ante una posible aparición en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
No hay que minimizar las consecuencias de esta violación de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes mexicanos vejados, olvidados, e invisibilizados por sus propios
progenitores.
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