Opinión pública

Por Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es un escándalo que huele a res, a vacuno,
originado cuando el Gobierno de Tamaulipas y el ayuntamiento morenista
tomaron de la Junta de Aguas de Matamoros.
Un organismo con carácter municipal pero que el panismo cabecista
mantuvo secuestrado y a ordeña permanente, para financiar campañas y
subsidiar prensa.
El Gobierno estatal recuperó la de Tampico y encontró en las mismas
condiciones, saqueada, “hecha pedazos” como dijo alguien, y sin posibilidad de
hacerla rentable en los siguientes años.
De ahí vinieron acusaciones de voces azules contra el ayuntamiento
matamorense, de decretar cobros “de piso”, extorsionar y centavear a los
ciudadanos
Tal conflicto rebotó en la tribuna del Congreso del Estado, donde
legisladores celestes pidieron parar los cobros que, según ellos, ordenó el
alcalde Mario López Hernández.
“La Borrega” no es una perita en dulce pero aclaró que ellos no han
aplicado las multas millonarias de que se quejaban presuntos líderes del
comercio organizado.
Afectaron intereses de proveedores y vividores profesionales como los
Almanza Armas, posesionados de la Federación de Cámaras de Comercio de
Tamaulipas desde hace 25 años, con amenazas de generar conflicto si no se
les mantenían privilegios “conquistados” desde hace años.
Panistas acusaban al presidente de “centavear” mediante una “Ley
Borrega” que incluye cobros por derecho de suelo urbano, que en realidad es
una Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano de origen cabecista, promulgada el 30 de enero del 2019.
En la voracidad por agenciar dinero al erario, el gobierno panista legisló
multas de hasta 10 mil UMAS que significan más de un millón de pesos.
Aunque tienen facultades, ningún ayuntamiento ha aplicado multas, ni
Matamoros. Cada quien cobra el derecho como mejor considera.
La sangre no llegó al río. Las amenazas de entrevistas de prensa con
medios nacionales no se concretaron, quedaron en eso, en amenazas, y los
panistas se replegaron.
Después de la tormenta volvió la calma. El diputado Isidro Vargas
Fernández anunció que viene la reforma a la Ley cabecista. El Congreso no
puede “invitar” a un ayuntamiento a que viole la reglamentación.
Este lunes se reunieron funcionarios de Finanzas del gobierno con
representantes municipales. Siguen sin multas pero deberán regularizar los
pagos ordinarios.

Como dato histórico para dar una idea de la voracidad panista, aquí algunos
datos.
La Ley anterior a 2019 fijaba multas de entre 600 y mil UMAS. De la noche
a la mañana la reglamentación del PAN impuso multas de dos mil a diez mil.
Para este 2023 la Unidad de Medida y Actualización anda en 103.74 pesos,
lo que nos da una idea de la cantidad que, si se aplica la Ley, tendría que
pagar cada comerciante o industrial.
El 31 de enero las diputadas Mireya González y Sandra Luz García, ex
panistas, presentaron iniciativa de reformas a la reglamentación para bajar las
sanciones. Piden de 700 a mil Unidades de Medida.
Una vez más el gobierno estatal de la 4T soportó las presiones con olor a
res. No se dejaron intimidar y la barrida de cabecistas en la Junta de Aguas fue
completa.
En otros asuntos, mire que el IETAM le concedió autorización al Partido
Encuentro Solidario para que haga talacha de afiliar militantes, con el fin de
convertirse en un organismo local.
Son los mismos que, en la última elección, la de Gobernador 2022, los
restos del naufragio de lo que fue el PES, apoyaron la candidatura de “Truko”
Verástegui. Presumieron a varios de sus líderes con origen principalmente en
la frontera: Alberto Ramírez López, Diana Avalos, Rubén Iván Hernández,
Leonor Balderas.
En 2021 cosecharon la irrisoria de 21 mil sufragios rumbo al Congreso del
Estado.
Hace años dieron vida a tales siglas los hermanitos Pineda Morín, de muy
triste memoria, prestamistas usureros con dinero del gobierno.
Crear un partido local sale muy barato. Bastan poco más de siete mil
afiliados, para lo cual tendrán de plazo hasta el 31 de enero del 2024, sin
contar los ¡días de descanso! De la burocracia.
El que no pudo abrir ni una cuenta bancaria es Geovanni Francesco
Barrios, del Partido AMLO Tamaulipas (Auténtico Movimiento Libre
Organizado). Le negaron la primera etapa.
El Gobernador Américo Villarreal continuó el lunes en El Mante, donde
presidió honores y se reunió en conferencia con los periodistas. Dijo que no
escatimará esfuerzos por resolver problemas de la sequía. Firmará convenio
con la Comisión de Zonas Aridas para bombardear las nubes.
Anunció una inversión de 25 millones de pesos para infraestructura
educativa regional, más un apoyo para rehabilitación del Tecnológico de la
capital cañera.
Por ausencia de legisladores, el Congreso del Estado suspendió la sesión
ordinaria programada para el lunes. Citaron para el martes a las diez de la
mañana. Algo grande se prepara, que bien podría ser una reforma a la Carta
Estatal para aterrizar, ahora sí, el proyecto de Morena.