-Ministro suspende la entrada en vigor de reforma a la Ley de Comunicación Social
-Municipios del estado de México y Coahuila no gastarán solo el 0.1% en difusión
-La “vida eterna” fue rechazada y pone en riesgo a los partidos minoritarios
H. Matamoros, Tam.-Con la aprobación en el Senado de la República de las reformas a
cuatro leyes secundarias que contempla el Plan B del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR, el bloque opositor a la Cuarta Transformación impugnará el decreto ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Salvo el rechazo a la cláusula de “vida eterna” para los partidos políticos minoritarios, con
el mayoriteo morenista y aliados en la Cámara Alta del Congreso de la Unión se aprobaron
reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Partidos
Políticos, Ley de Medios de Impugnación y Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación.
Anteriormente, diputados y senadores aprobaron reformas a la Ley General de
Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas, estas últimas
promulgadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre
del año pasado.
Concluido el trabajo legislativo en el Senado y ante su presunta inconstitucionalidad o
controversia, las reformas serán impugnadas y tocará al máximo tribunal en el país
determinar lo conducente.
De entrada, la SCJN ha dado trámite a 47 acciones de inconstitucionalidad y 31
controversias constitucionales contra el Plan B de la reforma electoral, turnando al
ministro ALBERTO PÉREZ DAYÁN para su análisis siete acciones de inconstitucionalidad y
18 controversias constitucionales.
Las inconformidades están asociadas a las reformas a las leyes generales de comunicación
social y de responsabilidades administrativas y fueron promovidas por diputados,
senadores, alcaldes y los partidos PAN, PRI, PRD, MC y en Instituto Nacional Electoral
(INE).
En una primera acción, el ministro PÉREZ DAYÁN resolvió suspender la entrada en vigor de
las reformas a la Ley General de Comunicación Social que limita el gasto en difusión al
0.1% del presupuesto anual de las alcaldías en el país para que no se apliquen en el Estado
de México y Coahuila, entidades federativas en donde se celebrarán elecciones este año.

Al considerar que la reforma a la Ley General de Comunicación Social atenta la autonomía
hacendaria contemplada en el artículo 115 Constitucional Fracción IV, presidentes
municipales de los estados de Sonora, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Querétaro,
Yucatán, Campeche, Michoacán y Durango, decidieron promover la controversia
constitucional.
Los ediles rechazan rotundamente la reforma al artículo 26 de la Ley General de
Comunicación Social que los obliga a limitar el gasto de publicidad y difusión a solo el 0.1%
del presupuesto anual.
Recapitulando, cabe señalar que la iniciativa presidencial de reforma electoral y política
no alcanzó la mayoría calificada en el pleno de la Cámara de Diputados por lo que fue
rechazada el 6 de diciembre de 2022.
Entre lo más relevante la reforma contemplaba en lo electoral reducir de 11 a 7
consejeros del Instituto Nacional Electoral, cambiar el INE por el Instituto Nacional de
Elecciones y Consultas (INEC), eliminar los 32 tribunales electorales estatales y que
consejeros y magistrados electorales surgieran de procesos eleccionarios.
En lo político, el presidente LÓPEZ OBRADOR proponía reducir a 200 legisladores en la
Cámara de Diputados y 32 en la de Senadores, que los integrantes del Congreso de la
Unión fueran designados por la vía de representación proporcional y, además,
proporcionar financiamiento público a los partidos políticos solamente en los años
electorales.
La respuesta a los 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención, resultado que no fue
suficiente para la reforma constitucional, dio paso al Plan B del huésped de Palacio
Nacional.
Entre otros planteamientos relevantes contempla la reducción de la estructura
administrativa del INE, la reducción de los salarios de los consejeros electorales, cambios
en los procesos de organización electoral y unificar el Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP) con el cómputo de la elección del día de los comicios.
También, eliminar la Junta General Ejecutiva del INE y ajustar los cambios de estructura al
presupuesto ya aprobado, la absorción por la Sala Superior de dos salas regionales del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), permitir a los partidos
políticos el uso de remanentes de sus recursos públicos y, además, permitir que los
partidos coaligados se puedan distribuir votos para garantizar el 3% de sufragios
requeridos para mantener su registro, lo que equivale a la “cláusula de la vida eterna”.
Este último planteamiento (“cláusula de la vida eterna”) fue desechado al ponerse a
votación en el Senado de la República.

Tocará a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar los dos
bloques de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales derivadas del
Plan B del Ejecutivo federal.
DESDE EL BALCÓN:
I.-En términos coloquiales, mientras son peras o son manzanas, el ministro ALBERTO
PÉREZ DAYÁN suspendió la entrada en vigor de la reforma al artículo 26 de la Ley General
de Comunicación Social en el Estado de México y Coahuila.
La decisión del togado, al margen del proceso electoral en ambas entidades federativas,
deja entrever que no sería extraño que en su dictamen invoque el artículo 115
constitucional que garantiza la hacienda pública de los municipios.
Por lo pronto, la moneda sigue en el aire.
Y hasta la próxima.
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