-Acciones de inconstitucionalidad enfrentan a AMLO y a ministros
-En términos no del todo cordiales se analizará el Plan B electoral
-Reforma a la Ley de General de Comunicación atentaría al federalismo
H. Matamoros, Tam.-Por separado, el PAN, PRI y PRD presentaron sendas acciones de
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las
reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades
Administrativas.
El bloque opositor al gobierno de la Cuarta Transformación considera que las
modificaciones a leyes secundarias contempladas dentro del Plan B del presidente
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR violan principios básicos constitucionales y atentan el
federalismo.
Ante el fracaso para lograr la mayoría calificada en la Cámara de Diputados requerida para
la reforma constitucional, el jefe del Ejecutivo federal reviró con cambios a leyes
secundarias con aprobación de mayoría simple en ambas Cámaras del Congreso de la
Unión.
No obstante, vencido el escollo en San Lázaro y en el Senado, ahora la 4T enfrenta la
controversia constitucional que habrán de decidir los ministros del máximo tribunal en el
país.
SANTIAGO CREEL MIRANDA, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,
con la anuencia de MARKO CORTÉS, dirigente nacional del PAN, presentó la acción de
inconstitucionalidad ante la SCJN.
JESÚS ZAMBRANO, presidente del CEN del PRD, y ALEJANDRO MORENO, dirigente
nacional del Tricolor, presentaron el mismo recurso ante la inconformidad surgida de
supuestas o reales violaciones a la Carta Magna.
Cabe señalar que el bloque opositor integrado por el PAN-PRI-PRD confían en que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidará las reformas a las leyes generales de
Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, contempladas en el Plan B
del presidente LÓPEZ OBRADOR.
La relación no tan cordial del huésped de Palacio Nacional con los ministros de la SCJN y
con la presidenta NORMA LUCÍA PIÑA sería una luz al final del túnel para los legisladores y
partidos políticos inconformes.

Debido al proceso electoral en el estado de México y Coahuila y el de la elección
presidencial que iniciará en septiembre próximo, los togados habrán de brindar prioridad
a las acciones de inconstitucionalidad por tratarse de asuntos electorales, tal y como lo
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene hasta el día 30 de abril del
año en curso para determinar lo conducente y aclarar si las reformas lopezobradoristas
violan o no la Constitución y el federalismo.
Por su parte, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), asegura que el Plan B de la reforma electoral enviado a la Cámara de
Diputados por el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR vulnera el orden
constitucional.
Será por demás interesante conocer el resolutivo de los ministros de la Suprema Corte
respecto a la reforma al artículo 26 de la Ley General de Comunicación que obliga a los
tres niveles de gobierno a no gastar más de 0.1% del presupuesto anual en el rubro de
publicidad y difusión.
Los opositores a la Cuarta Transformación coinciden que esa reforma a la ley secundaria
en la materia violenta la autonomía y soberanía de las entidades contempladas en el
federalismo.
Y, en efecto, acotar el gasto publicitario a gobernadores y alcaldes podría considerarse
como una intervención ilegal del gobierno federal en la autonomía estatal.
Más aún si se toma en cuenta que el Plan B y las leyes secundarias fueron aprobadas por
el Congreso de la Unión el 15 de diciembre de 2022 y-por ejemplo-en Tamaulipas el
Congreso Local aprobó el presupuesto a ejercerse en 2023 el 14 de diciembre, es decir, un
día antes, por lo que podría aplicarse que ninguna ley es retroactiva.
En H. Matamoros, Tamaulipas, el cabildo aprobó el presupuesto de egresos para 2023 el
primero de diciembre del año pasado.
Si bien es cierto que muchos gobernantes despilfarran el erario en el culto a la
personalidad o futurismo político, además de desviar millones de pesos en el pago de
empresas de comunicación “fantasmas” o bien surgidas al inicio de tal o cual régimen de
gobierno, también es cierto que bastaría la lupa de la Auditoría Superior de la Federación
para frenar esas prácticas irregulares en el manejo de los recursos públicos.
No es descubrir el hilo negro o el agua tibia citar las componendas y millonarios desvíos
económicos del rubro de publicidad y difusión oficial orquestadas desde la coordinaciones

o direcciones de comunicación social de gubernaturas y alcaldías, obviamente, con el
consentimiento del gobernante en turno.
Sin embargo, influir desde la Federación en la distribución del presupuesto de las
entidades federativas podría ser el inicio del fin de la autonomía ante la posibilidad de
aplicar la misma medida en gastos que tienen que ver con educación, salud, protección
civil y programas sociales, por citar algunos ejemplos.
Sobra decir que la intención de la 4T es limitar el gasto y desvío millonario del erario a
través de la publicidad y difusión de la actividad gubernamental bien sea para satisfacer el
ego de mandatarios “rockstar” o bien para abultar carteras.
A pesar de que la reforma a la Ley General de Comunicación Social podría estar matizada
de objetividad y beneficio colectivo, la forma no sería la más adecuada.
Tan simple como recordar que el Federalismo que da paso a la autonomía y soberanía
estatal fue el escudo protector del ex gobernador tamaulipeco FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA para eludir el desafuero de la Cámara de Diputados que le permitió
protagonizar el peor saqueo de las arcas estatales en la historia de Tamaulipas, protegido
con el fuero del Congreso Local.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Por supuesto que les asiste la razón a quienes señalan que el gobierno de la Cuarta
Transformación eroga una suma millonaria por concepto de difusión de las conferencias
mañaneras.
Desde esa óptica, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no estaría actuando
objetiva y equitativamente al acotar el presupuesto en ese rubro a gubernaturas y
alcaldías a tan solo el 0.1% del presupuesto anual, tal y como lo establece la reforma al
artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social.
¿Cómo la ve?
Y hasta la próxima.
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