Por Oscar Díaz Salazar
Que los principales actores políticos del partido contrario al del gobernador, – me refiero a presidentes municipales y algunos personajes sin cargo público, de morena – tengan problemas con la justicia, no significa, necesariamente o en exclusiva, que los políticos de morena sean infractores de la ley.
Los alcaldes de morena, como son los casos de Mario Lopez de Matamoros, Carlos Peña de Reynosa, Eduardo Gattás de Victoria, y el ex presidente de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Rosas, son víctimas de una persecución política.
Estos personajes mencionados en los párrafos anteriores, y otros que de momento escapan a mi memoria, fueron citados «a declarar» en relación a temas que podrían haber sido desahogados de manera sencilla y rápida, más los aludidos prefirieron No atender la convocatoria de las autoridades «vacunas», porque saben que las autoridades que dependen, de jure o de facto, del gobernador Francisco N, son capaces de fabricarles delitos para enviarlos a la carcel, no existiendo garantía alguna de recibir el «debido proceso» para juzgar los supuestos delitos de los que los acusan.
El caso de la abogada Susana Prieto Terrazas es el más emblemático del abuso, la arbitrariedad, la ilegalidad y la injusticia con la que actúan los representantes de la Fiscalía de Justicia del Estado, la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, la Unidad de Inteligencia Financiera (creada, desaparecida y mantenida en funciones en estos seis años), la Policía Ministerial, el Poder Judicial de Tamaulipas y todo el aparato del gobierno del Estado.
Sabedores de que los miembros de la pandilla de la Vaca Salvatrucha tienen hoy licencia para atracar y disponer de las vidas, las honras y la libertad de los tamaulipecos, los políticos de morena que desempeñan cargos de elección popular, han preferido no atender los citatorios del «aparato de injusticia» de Francisco N, pues temen ser privados de su libertad con maniobras ilegales, si responden a la convocatoria para informar sobre la propiedad de un vehículo usado en campaña (sin reporte de robo o participación en delito o accidente alguno); o sobre la adquisición de una propiedad rural (quince años atrás y en una operación que implica recursos que es fama pública y notoria que posee la familia adquiriente); o para verificar asuntos de carácter administrativo del departamento a cargo de los oficiales de vialidad; o para responder a los señalamientos de testigos protegidos que actúan «por consigna» de la fiscalía.
El caso de la abogada Susana Prieto, detenida sin haberle notificado debidamente de que se le acusaba y violando el procedimiento debido, es uno de los casos más representativos de lo mal que está la procuración e impartición de justicia en Tamaulipas y es también el mejor ejemplo para descalificar a los que se prestan al juego de Francisco N cuando opinan que los acusados, -los presidentes municipales-, «se deberían presentar ante las autoridades, pues el que nada debe, nada teme».
En Tamaulipas se le teme a Francisco N y a toda su pandilla incrustada en el gobierno, en las fiscalías, que por supuesto no son autónomas, en el poder perjudicial de Tamaulipas, en los organismos «autónomos» y en muchas oficinas públicas.
A Francisco N se te teme, más no se le aprecia ni se le respeta, pero esa es otra historia.
Por lo pronto los perseguidos de la Vaca Salvatrucha tienen la misión de sobrevivir los tres meses que restan del «vacato», periodo sexenal en el que los tamaulipecos padecimos el gobierno del texano que muy pronto se sumará a la lista negra de los gobernantes presos.
