AGENDA PÚBLICA…
Por: Salvador Leal Luna.-
En este sexenio, se ha dado por ir buscando privatizar todo, tanto en el ámbito estatal, como municipal. Por medio de la figura de Asociaciones Públicas Privadas, mejor conocida en el bajo mundo como APP. Ahí tienen que la Secretaria de Obras Públicas, Cecilia del Alto López, dejÓ entrever que debido a la “cantaleta” de la falta de recursos federales, se podría optar por la inversión privada y atender el rubro de la infraestructura carretera.
Esta medida, ya ha sido usada por el gobierno, donde al no contar con revisiones o auditorias, estas inversiones se dan de manera directa; es decir discrecionalmente a los amigos del gobierno, como fue lo relacionado a la instalación de cámaras de seguridad en el Estado, donde hasta la fecha no se sabe quién gano esa operación privada.
Creo que estás Acciones Públicas Privadas (APP), deben ser más vigiladas por las autoridades, principalmente del Congreso del Estado a cargo del candidato, Gerardo Peña Flores, como por la Auditoria Superior del Estado, máxime que si se usan recursos públicos del Estado. Hasta el momento, no hemos visto una acción en contra de esa inversión privada, como tampoco, la comisión de la Auditoria Superior del Estado, ha preguntado sobre ese recurso en particular.
Digo esto también, porque el Ayuntamiento de Victoria, bueno cuando estaba, el embustero de alcalde ese sujeto de marras de Xico, sostuvo una reunión de trabajo con Gilberto Estrella, titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, para ver si privatizaba por medio de esas desgraciadas Asociaciones Públicas Privadas el agua potable de la capital del Estado, pasándose por el arco del triunfo que es un Derecho Humano.
Esta terquedad de las autoridades del Estado, como de algunos municipios, por llevar este programa de inversión privada, por medio de las APP, es debido a que no completan con el presupuesto que se les asigna. Digo esto, porque desde el primer año de gestión de Cecilia del Alto, como Secretaria de Obras Públicas, ha sido denunciada por tener serios problemas de “SUBEJERCIOS”, donde el poder legislativo y el Auditor Superior del Estado, del mecánico, Jorge Espino, han dado “palos de ciegos”.
Esto es nada más en esa secretaria, pero las demás no cantan mal las rancheras en eso de los subejercicios y que nadie dice nada. Todo pasa, por debajo del agua. Aquí no hay autoridad que fiscalice y menos que denuncien sobre esa grave anomalía que tienen muchos secretarios y secretarias del gobierno del Estado, se puede citar a la Secretaría de Salud, por ejemplo.
Citare que las Asociaciones Públicas Privadas, pueden ser, según se tiene entendido de dos maneras; la primera es cuando el gobierno, con ayuda de lo recabado por los IMPUESTOS, suministra capital de inversión y la parte operativa se realiza en conjunto con la empresa privada. La segunda, es cuando el sector privado es quien aporta el capital, esto se hace sobre las bases de un contrato con el sector público con el objeto de facilitar los servicios establecidos.
Sin embargo, estás asociaciones también cuentan con ciertas desventajas y que son los:
Elevados costos de transacción y de gestiones del sistema. Disminución de los márgenes de acción de gobierno. Aumenta la participación de las ganancias en el producto. Se puede producir un marco legal en contra de la Inversión Privada. Aumentan los niveles de ENDEUDAMIENTO PÚBLICO. Consecuencias negativas para las futuras generaciones. Palabras más, palabas menos.
+ Palo dado ni Dios lo quita.
Vaya revés de nueva cuenta para el Congreso del Estado, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalido el cobro de alumbrado público que ocho municipios del Estado querían hacer en sus Leyes de Ingresos para el 2020, además se había publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 25 de noviembre del 2019.
Los Ayuntamientos que buscaban hacer esos cobros por demás indebidos y que el poder legislativo, por medio de sus legisladores aprobaron esas Leyes de Ingresos son de los municipios de Antiguos Morelos, Madero, El Mante, Gómez Farías, Mainero, Matamoros, Miquihuana y Ocampo, respectivamente.
Además, frenaron el cobro por copias certificadas de búsqueda en los municipios de Aldama, Abasolo, Altamira, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, Madero, Cruillas, Mante, Gómez Farías, González, Güémez, Guerrero e Hidalgo, Jiménez, Jaumave, Mainero y Llera, como Guerrero, este por cobro de documentos de archivo municipal.
Este es un segundo revés que recibe el poder legislativo de Tamaulipas, ya que recientemente el Tribunal Electoral de la Federación, lo había hecho, al negar a la fracción del PAN, la acción legislativa donde buscaba reformar la Constitución local y reducir a tres los magistrados electorales del Estado y que no fueran cinco.
Por eso, palo dado ni Dios lo quita.
Por hoy es todo.
HASTA LA PRÓXIMA.
Correo Electrónico.
