Desde que llegó Raquel Buenrostro Sánchez como Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se hablaba de que se promoverían diversas reformas para acabar con la evasión fiscal, incluso una de sus primeras propuestas fue la creación de la figura jurídica denominada “Tercero Colaborador Fiscal”, conocida popularmente como “soplón”, que se incluyó en la Miscelánea Fiscal del 2020 para contar con el colaboración de quienes denuncien a personas que vendan, compren o expidan comprobantes fiscales digitales para amparar operaciones inexistentes, cuya operación ilícita se conoce como factureras.
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció en abril pasado que las grandes empresas tenían adeudos fiscales por más de 50 mil millones de pesos, la señora Buenrostro Sánchez implementó un programa de recuperación de créditos fiscales por cerca de 40 mil millones de pesos que han ingresado a las arcas del gobierno federal.
Las grandes empresas son: América Móvil de Carlos Slim Helú que pagó 8 mil 290 millones de pesos; Walmart que liquidó 8 mil 79 millones de pesos de impuestos por la venta de la cadena de restaurantes Vips; FEMSA, embotelladora de Coca Cola y dueña de la cadena de tiendas Oxxo desembolsó 8 mil 790 millones de pesos; Grupo Modelo contribuyó con 2 mil millones de pesos; Grupo Bal del magnate Alberto Bailléres González, pagó 4 mil 600 millones de pesos.
Recientemente, el Grupo Elektra del poderoso e influyente empresario Ricardo Salinas Pliego, recibió la notificación de parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que preside el magistrado Carlos Chaurand Arzate, a fin de depósito 2 mil 4 millones 771 mil pesos por el pago del ISR.
Y ahora, la Cámara de Diputados le otorga la facultad al SAT para que sus visitadores o auditores utilicen herramientas tecnológicas, como son cámaras fotográficas o de videos, para comprobar que las propiedades y cuentas bancarias de los contribuyentes correspondan con sus ingresos reportados en sus declaraciones patrimoniales y fiscales.
Lógicamente que la nueva herramienta del SAT, bautizada de inmediato como el “Big Brother Fiscal”, causó fuertes controversias entre los dirigentes empresariales, como es el caso del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther y presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, quienes de inmediato señalaron que se trata de una flagrante violación al derecho a la intimidad de los contribuyentes, además de que se cometan abusos con el pretexto de cumplir con esta controvertida disposición gubernamental.
Se espera que en el Senado se logre parar esta nueva facultad del SAT, puesto que si bien es cierto hay todavía muchos contribuyentes reacios para cumplir con sus obligaciones fiscales o de reportar menos ingresos para pagar menos impuestos, no deja de ser un acto intimidatorio para quienes cumplen y sobre todo ahora que la “voracidad” del presidente López Obrador parece no tener límites luego de que Morena y sus aliados eliminaron los fideicomisos para obtener 68 mil millones de pesos que se manejarán sin ninguna restricción en el 2021.
Por otra parte, pero sin dejar el tema de las reformas aprobadas en la Cámara de Diputados, resulta que ahora nuestros representantes populares, como es el caso de Adriana Lozano Rodríguez, Olga Sosa Ruiz, Olga Juliana Elizondo Guerra, Nohemí Alemán Hernández, Héctor Villegas González, Armando Zertuche Zuani y sobre todo Erasmo González Robledo, que dicen estar muy preocupados para que la educación pública sea gratuita, ni siquiera lo pensaron y aprobaron el aumento del 6.5% a los derechos que deberán de pagar los concesionarios de internet y telefonía celular.
De nada sirve que juren y perjuren que se preocupan por la educación de niñas y niños cuando a la hora de defender sus intereses, se olvidan de sus compromisos para ejercer la “lealtad ciega” que les exigen el presidente López Obrador y aprueben los aumentos del ISR que deberán de pagar las plataformas digitales para la difusión de las clases virtuales.
Aunque argumentan que se trata de un ligero incremento en comparación a la propuesta que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Ley de Ingresos del 2021 y que ascendía al 56%, no hay duda de que se trata de un golpe al bolsillo de los padres de familia que finalmente deberán de pagar más por recibir los servicios de internet y telefonía para que sus hijas e hijos puedan tomar las clases en sus casas.
Lógicamente que argumentarán miles de pretextos, pero lo cierto es que se encarecerá el servicio del internet para toda la población, además de impedir por la “voracidad fiscal” que se pueda utilizar el avance tecnológico en materia de telefonía digital conocido como 5G.
Por último, resulta sumamente preocupante que Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados promuevan una nueva reforma del denominado Fondo de Salud para el Bienestar, también conocido como Gastos Catastróficos, para que el presidente López Obrador pueda recobrar la suma de 33 mil millones de pesos con el argumento que se utilizará para la compra de las vacunas en contra del coronavirus en el país.
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