(Agencias).-El coordinador nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Francisco Cartas Cabrera, afirmó que la aplicación de la reforma educativa provocó que cerca de 150 mil maestros tramitaran su jubilación, a partir de las prácticas intimidatorias de las que fueron objeto para someterse a las evaluaciones.
Por eso, dijo, coincidimos con la opinión de los docentes, en el sentido de que la evaluación establecida afectaba su estabilidad laboral, toda vez que la autoridad cesó a muchos maestros sin ninguna responsabilidad, al aplicarles evaluaciones estandarizadas que no toman en consideración los contextos económicos, sociales y demográficos que inciden en los procesos educativos.
En tales circunstancias, señaló, el Ejecutivo federal ha propuesto abrogar la reforma educativa y detener las afectaciones laborales y administrativas de que es objeto el magisterio nacional.
Al participar en la mesa “Organismos educativos públicos. Autoridades educativas federales y estatales”, aseguró que con esta iniciativa se busca dotar de excelencia a la educación, a fin de que el proceso académico cumpla con la alta función que la sociedad demanda.
Asimismo, destacó que se realizaron más de 600 mil evaluaciones del desempeño a docentes y directivos, las cuales no tenían impacto en los programas de capacitación; a los maestros simplemente se les proporcionaba un listado de cursos para que seleccionaran el de su interés, sin tomar en cuenta si atendían las áreas de oportunidad que la evaluación había detectado.
Como todo gobierno democrático, aseveró, el nuestro busca que los niños y jóvenes reciban una educación de excelencia.
La iniciativa de reforma constitucional mantiene la estructura ideológica que ha inspirado el texto del Artículo 3° a lo largo de más de un siglo, ya que reafirma los valores fundamentales que deben orientar la educación.
Al mismo tiempo, incorpora elementos que hacen posible un desarrollo educativo acorde con las necesidades de esta nueva etapa que se inicia con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró.
El Gobierno de México tiene la visión de que debe privilegiarse el diálogo ante cualquier otro mecanismo de imposición de estructuras normativas que no obtengan el impacto deseado ante la ciudadanía, agregó.
Por ello, sostuvo, se pretende reformar el sistema educativo a través de una consulta a sus actores centrales, buscando que, a partir de la misma, no se realicen modificaciones en materia educativa sin la participación de los maestros, pues son ellos quienes tienen el conocimiento y la experiencia que se refleja en su desempeño en el aula.
Afirmó que el titular del Ejecutivo considera un error aplicar criterios sancionadores y persecutorios que parten de la desconfianza hacia los docentes y que pretenden poner el énfasis de la mejora de la educación en la sujeción a procedimientos mecánicos de evaluación, alejados de las vivencias compartidas por profesores y alumnos, y de las necesidades específicas de diferentes culturas.
Estos aspectos, concluyó, deben ser tomados en consideración para impartir una educación de excelencia y la preparación de quienes la imparten.