Hipódromo Político…

Por: Carlos G. Cortéz García.-

 

La noche de este domingo, los organizadores de la Consulta Ciudadana para el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, presentaron los resultados del ejercicio. Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Arturo Rosenblueth, detalló que en la consulta participaron un millón 67 mil 859 ciudadanos, de los cuales 310 mil 463 participantes se inclinaron por la opción de Texcoco, mientras que 747 mil en favor de Santa Lucía.

 

Para la Consulta, se instalaron 1,073 mesas en 538 municipios del país, las cuales estuvieron abiertas de las 8:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde, a partir del jueves 26 de octubre y hasta el domingo 28 de octubre. Esta encuesta tuvo un costo de $1’500,000.00, que fueron pagados con aportaciones voluntarias de legisladores federales del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA.

 

¿Cuáles fueron las opciones a elegir? Primero, continuar la construcción del Nuevo Aeropuerto en el antiguo Lago de Texcoco. Y segundo, reacondicionar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el aeropuerto de Toluca y construir dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía –ubicada en el municipio de Zumpango, en territorio mexiquense.

 

Sólo por hacer historia, le recuerdo que, para la edificación de la obra aeroportuaria, el ex presidente Vicente Fox decretó la expropiación de 5,391 hectáreas de tierra pertenecientes a 13 ejidos de los municipios de Texcoco, San Salvador Atenco, y Chimalhucán, ubicados en el oriente del Estado de México.

 

Para tal fin, la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales estableció que por la superficie total se pagarían 534 millones 374 mil 391 pesos, que serían entregados a 4,375 ejidatarios. La hectárea de temporal se valoró en 72 mil pesos y la de riego en 250 mil. La acción expropiatoria tomó por sorpresa a los campesinos y causó profundo rechazo entre la población de San Salvador Atenco.

 

Además, la obra encontró la resistencia de ejidatarios, de los gobiernos de la Ciudad de México y del Ayuntamiento de Texcoco, así como de organizaciones sociales y ecologistas, lo que llevó a la conformación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

 

Las obras de lo que hasta este día sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de México se ubican en terrenos aledaños al Lago de Texcoco; se construía sobre una superficie de cinco mil hectáreas y, hasta el día de hoy, era el segundo aeropuerto más grande en construcción a nivel mundial, únicamente detrás del nuevo Aeropuerto de Estambul, en Turquía.

 

Las proyecciones de esta obra eran que al momento de su inauguración contaría con un edificio terminal de pasajeros de 743,000 m2 que tendría 96 puertas de contacto y 68 posiciones remotas, lo que le permitiría dar servicio a 70 millones de pasajeros al año. Y en su fase de máxima capacidad, contaría con seis pistas y podría atender un millón de operaciones al año.

 

Durante la campaña presidencial de 2018, el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, Andrés Manuel López Obrador, ofreció como argumento de campaña, dar para atrás con este proyecto de infraestructura, así como revertir la reforma educativa y revisar a fondo la reforma energética y los contratos que de ella surgieron para buscar y castigar “posibles actos de corrupción”.

 

En el caso del Nuevo Aeropuerto, López Obrador ha propuesto no concluir la construcción en Texcoco y levantar uno nuevo incorporando a las operaciones del actual aeropuerto de la Ciudad de México la infraestructura del aeroparque de Toluca y la actual Base militar de Santa Lucía, bajo la idea del constructor José María Riobóo, personaje muy cercano al presidente electo.

 

En el caso del proyecto aeroportuario, la lucha entre los grupos económicos y de poder, en favor y en contra de Texcoco, están generando condiciones que podrían desembocar en una crisis económica, una crisis de gobernabilidad y una pérdida de credibilidad internacional para el Gobierno Federal y para la economía mexicana.

 

Pero lo controvertido del Nuevo Aeropuerto no es nuevo. Desde el anuncio de su construcción en septiembre de 2014, la obra ha sido un proyecto debatido. Originalmente el presupuesto de la obra fue de $169.000 millones de pesos, unos $12.500 millones de dólares, según el tipo de cambio de ese año. Pero según el equipo del presidente electo el costo del proyecto virtualmente subió hasta $285.000 millones de pesos, unos $15.000 millones de dólares al tipo de cambio actual.

 

Desde la campaña electoral, el hoy presidente electo, Andrés Manuel López Obrador ofreció cancelar la construcción de la obra del Nuevo Aeropuerto y en su lugar ampliar la Base Aérea Militar de Santa Lucía, ubicada a unos 40 kilómetros de la Ciudad de México, aunque ya como presidente electo, su propuesta fue cuestionada por empresarios, analistas, grupos económicos y funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto.

 

El Grupo Financiero Citibanamex aseguró en un análisis que suspender las obras en Texcoco sería “el error de octubre”, refiriéndose a que podría generarse una crisis económica muy similar a la vivida en diciembre de 1994, la que en el mundo se le conoció como “Efecto Tequila”, y que en México se llamó “El error de diciembre”, la que por cierto generó un muy serio problema económico.

 

Sin embargo, el presidente electo ha reiterado que, sin importar la decisión, habrá garantías de estabilidad y respeto a los contratos de los empresarios que actualmente trabajan en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.

 

¿Qué ventajas y desventajas tiene cada proyecto? El equipo del presidente electo ha destacado estos pros y contras de los dos proyectos. Texcoco presenta las siguientes ventajas: su cercanía con la Ciudad de México; crearía un gran centro de operaciones y de conexión internacional; el gobierno ya es dueño del terreno, con una superficie de cinco mil hectáreas; cuenta con financiamiento del 69% del proyecto y avance de la obra del 20%; y tendrá mayor capacidad en el largo plazo.

 

Como desventajas, Texcoco presenta las siguientes: incremento del costo de construcción de 185 mil millones de pesos a 285 mil millones de pesos tan sólo en su primera fase; el alto costo de mantenimiento, aún por determinar; retraso de al menos cuatro años en la construcción del aeropuerto, así como mayor riesgo en el inicio de operaciones; cierre del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México y de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, por razones de índole aeronáutica; incrementos en las tarifas aeroportuarias y su repercusión en el precio del pasaje; transformación del lago Nabor Carrillo, para convertirlo en laguna de regulación de inundaciones por el riesgo aviar y otros impactos ambientales negativos.

 

Para continuar la obra del Nuevo Aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía, el equipo de Andrés Manuel López Obrador plantea las siguientes ventajas: menor costo de construcción y mantenimiento; mejores condiciones para operar y bajo impacto ambiental; y continuaría operando el actual Aeropuerto de la Ciudad de México; operaría en menos tiempo.

 

Pero también Santa Lucía plantea diversas desventajas: las aerolíneas tendrían complicaciones logísticas y costos adicionales; posibles pérdidas económicas por la cancelación en Texcoco; negociar con acreedores y contratistas, afectando el presupuesto federal de 2019; posible impacto negativo en mercados financieros.

 

La Ley Federal de Consulta Popular, en su artículo 4 define a este ejercicio como “el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional”. Pero el artículo 5 de esa misma ley plantea que solo los temas de “trascendencia nacional” podrán ser votados por una consulta, trascendencia que “será calificada por la mayoría de los legisladores presentes en cada Cámara”. Por lo tanto, la realización de una consulta pública no es tan sencillo como se ha planteado, pues se deben cumplir ciertas condiciones que, por lo pronto para esta consulta, no se ha cumplido con la Ley.

 

Asimismo, la Constitución plantea en su artículo 35 que las consultas populares: “deben ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República -en funciones-; el equivalente al 33 % de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 2 % de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley”. Estos supuestos, tampoco han sido cumplidos.

 

Como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador aún no tiene la facultad legal para convocar una consulta pública al Congreso de la Unión que tenga validez, ya que el único capaz de solicitarlo ahora, en términos constitucionales, sería el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto.

 

Finalmente, el mismo artículo 35 constitucional estipula que el Instituto Nacional Electoral debe ser el encargado de “la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados” de toda consulta pública, además de que esta debe realizarse el mismo día de una jornada electoral federal, preceptos o condiciones que tampoco se observaron.

 

¿Qué decisión irá a tomar el Presidente Electo? ¿Cumplirá con la voluntad ciudadana depositada en las urnas? Si la decisión final es Santa Lucía, ¿Qué pasará con lo que se ha construido en Texcoco? ¿Cuánto realmente le va a costar al país cambiar la decisión del Nuevo Aeropuerto? ¿Qué impacto tendrá sobre las finanzas públicas y el presupuesto de 2019 la cancelación de la obra? ¿Habrá demandas por incumplimiento de contrato por parte de quienes hoy intervienen en la obra? ¿La alternativa de Santa Lucía en lugar de Texcoco es la mejor opción que hay? ¿Realmente no habrá crisis económica por la cancelación de Texcoco? ¿Y tampoco habrá pérdida de credibilidad internacional por la misma razón?

 

Sin duda, la decisión que tome el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador en el proyecto aeroportuario nacional no estará exenta de críticas, ataques, señalamientos y consecuencias. Ojalá y para el país las consecuencias sean las menos graves y costosas.

 

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