Ahora que se logró el acuerdo para celebrar un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para elegir a cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) en sustitución de Pamela San Martín Ríos y Valles, Marco Antonio Baños Martínez, Benito Nacif Hernández y Enrique Andrade González, quienes concluyeron sus respectivas gestiones en abril pasado, se encuentran dos tamaulipecos en la recta final del proceso de selección que ejecuta el Comité Técnico de Evaluación (CTE).
Los tamaulipecos son: María de los Ángeles Quintero Rentería y Mauricio Collado Martínez, quienes se encuentran en la lista de 30 mujeres y 30 hombres que aspiran a ser consejeros del INE.
Ambos tamaulipecos se encuentran en la fase de entrevistas por parte del CTE de INE, integrado por Ana Laura Magaloni Kerpel, Sara Lovera López, John Mill Ackerman Rose, Diego Valadés Ríos, Silvia Elena Giorguli Salcedo y Blanca Heredo Rubio, quienes presentarán cuatro quintetas ante el pleno de la Cámara de Diputados para elegir a las y los nuevos consejeros.
Quintero Rentería se desempeña actualmente como consejera del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), en tanto que Collado Martínez ejerce el cargo de Director de Diseño de Estrategias y Políticas Públicas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En caso de ser seleccionados como consejeros del INE, iniciarán sus actividades en julio del 2020 y concluirán en abril del 2029, de acuerdo a un comunicado de la Cámara de Diputados.
Por otra parte, pero sin dejar el tema del INE, resulta que el académico John Mill Ackerman Rose recibió una amonestación de la CNDH por despotricar en contra de los periodistas que investigaron las propiedades que adquirió en los 10 últimos años junto con su esposa, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Ackerman Rose publicó un mensaje en twitter luego del atentado que sufrió el pasado viernes el Jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en donde comparo a los sicarios que participaron con periodistas, cuya publicación generó fuertes críticas en contra del integrante del CTE del INE.
El también académico de la UNAM compartió una grabación en donde escribió el siguiente mensaje: “este video demuestra que el ataque en contra de Omar García Harfuch fue una acción coordinada del crimen organizado en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum y la 4° T”.
También escribió: “Los sicarios del narco son la contracara del sicariato mediático. Buscan desestabilizar a toda costa”.
Las críticas en contra del marido de la secretaria Sandoval Ballesteros crecieron en fin de semana, puesto que mientras algunos exigen su salida del CTE del INE por su marcada inclinación a Morena, otros solicitan que sea destituido como director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM.
De regreso con el tema de dos tamaulipecos al INE, no hay duda de que tanto la consejera Quintero Rentería como el abogado victorense Collado Martínez podrán ser dos de los cuatro nuevos consejeros, aunque no será nada fácil porque las y los otros aspirantes también cuentan con sólidas trayectorias en el ámbito electoral, como es el caso de Carla Astrid Humphrey Jordán, actual directora adjunta de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
De igual forma, se encuentra en la lista de los aspirantes con mayores posibilidades, César Astudillo Reyes, académico de la UNAM, Oswaldo Chacón Rojas, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas y Maribel Salcido Jashimoto, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora.
En otro tema, dirigentes de organizaciones empresariales de Tamaulipas apoyan la iniciativa de reforma para que las empresas contaminantes paguen el llamado “Impuesto Verde” que se discute en el Congreso Local.
Los dirigentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Altamira, Madero y Tampico, se pronunciaron a favor de que se les aplique un impuesto a Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) por usar combustóleo en sus procesos productivos.
El “Impuesto Verde” se aplicará en otros estados como una medida de presión para que el gobierno federal desista en bloquear las inversiones que se realizan en la generación de energías limpias, es decir en la energía eólica y en la energía solar, en lugar de utilizar el combustóleo que no ha podido exportar Pemex a otros países.
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