Por José Gregorio Aguilar
La Coordinadora Nacional del movimiento Educación con Rumbo, Paulina Amozurrutia cuestionó que, en algunas entidades como Tamaulipas, la responsabilidad del regreso a clases presenciales prácticamente descanse en maestros y padres de familia al obligar a estos últimos a firmar una carta responsiva cuando la autoridad en este caso la SET, tendría que ser responsable de liderar el regreso a clases.
“La autoridad, la Secretaría de Educación tanto federal como estatal debería estar marcando lineamientos específicos y liderando el regreso a clases no hacerlo optativo ni cargando la responsabilidad a los padres y mucho menos haciéndoles firmar una responsiva porque la responsabilidad es de la autoridad y no la están tomando a cargo”.
Precisamente ante esa omisión, la sociedad civil organizada, como Educación con Rumbo, recurrió al Poder Judicial y presentó un amparo para solicitar que la Secretaría de Educación Pública y las autoridades responsables, garanticen los derechos humanos de los niños, así como su salud física y socioemocional para el regreso a clases de manera presencial al ciclo escolar 2021-2022 ya que consideran es la única estrategia para garantizar que las autoridades hagan su trabajo.
El citado amparo fue radicado en el Juzgado Noveno de Distrito, bajo el expediente 1016/2021 y tiene carácter nacional, aclaró y explicó que hasta la fecha las autoridades en materia educativa han omitido acreditar la instrumentación de protocolos y adecuaciones a la infraestructura de las escuelas para mitigar el impacto de la variante Delta del COVID19 que afecta principalmente a niños y niñas de primaria y secundaria.
Entrevistada por este medio de comunicación, la Coordinadora Nacional del movimiento Educación con Rumbo, precisa que la causa para presentar el amparo no radica en impedir el regreso a clases de manera presencial, sino en someter a un escrutinio y control constitucional las omisiones de las Autoridades para garantizar que el regreso a clases sea seguro y garantice los derechos humanos de los niños.
Finalmente, Amozurrutia señaló que en materia educativa para un regreso integral se necesitan tres factores de manera prioritaria inmersos en el amparo: una evaluación y regularización de los niños de los aprendizajes esperados en la pandemia; una capacitación en temas socioemocionales a maestros y directivos debido a los efectos psicológicos provocados en los niños por el confinamiento; y por último, la implementación de protocolos integrales para la contención del COVID19 en escuelas.
