Por Gregorio Aguilar.-
El presidente de la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia, Miguel Ángel Tovar Tapia, afirmó que los sindicatos de maestros, tanto la Sección 30 del SNTE ni el SITEM, reaccionan ni levantan la voz ante algunas de las disposiciones de las autoridades que causan inquietud e inconformidad, como lo es la exigencia de que todos los docentes presenten su declaración patrimonial.
Recordó que desde hace ya varios años se han conformado otros sindicatos que dicen representar los intereses del magisterio, pero que hasta ahora no se les conoce ni siquiera se han escuchado sus voces para defender a los maestros; mientras que el SNTE no ha cuestionado el porque se trata al magisterio con sospecha, obligándolos a informar sobre sus sueldos o propiedades.
En el tema que tiene que ver con la obligatoriedad de los maestros de presentar la declaración patrimonial, esos sindicatos brillan por su ausencia y no se le conoce cuál es la postura que tienen sus líderes.
“Deben levantar la voz, deben de protestar, no solo el Snte sino también el otro el SITEM, deben de opinar quienes nos representan laboralmente deben de alzar la voz no podemos ser objeto de sospecha criminal pidiéndonos que presentemos la declaración patrimonial”.
En este orden de ideas, Miguel Ángel Tovar Tapia precisó que la sociedad estatal de maestros y padres de familia está planteando la elaboración de un nuevo contrato colectivo de trabajo o actualizar el que está vigente para que se incluya al Covid-19 como un riesgo de trabajo y se considere también el tema de la educación virtual que está costando mucho dinero a maestros y papás de los alumnos.“En este mismo sentido, opinó que los diversos sindicatos que existen, deben solicitar que se lleve a cabo un nuevo contrato colectivo que esté actualizado a los tiempos e incluya temas como el Covid-19 como riesgo de trabajo y el tema de la educación virtual donde los maestros y padres han invertido mucho en herramientas de tecnología”.
Cabe señalar que el 1 de mayo inició el periodo para que las y los servidores públicos de la Administración Pública Federal (APF) cumplan con la obligación constitucional de presentar su declaración patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación.
