Mal, muy mal se vio el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, cuando decidió sacar de la orden del día de la sesión extraordinaria del pasado miércoles, el dictamen para eliminar 5 de los 44 fideicomisos que desea desaparecer el presidente Andrés Manuel López Obrador, puesto que sin ningún recato regañó a los legisladores durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
No es la primera vez que López Obrador sermonea a los legisladores por no sacar las iniciativas que le interesan, pero resulta vergonzoso que prácticamente se hayan convertido en sus súbditos en forma tan descarada que ahora ya nadie duda de que el Poder Legislativo se encuentra sojuzgado por el Poder Ejecutivo.
Antes sucedía exactamente lo mismo, pero hoy ni siquiera lo disimulan por el carácter autoritario y explosivo de López Obrador, quien con su estilo característico señaló: “Hay como 200 fideicomisos y apenas van a cancelar 5, y piensan que ya con eso ya me voy a quedar tranquilo, -toma tú chupón-. No, yo en el zócalo, el día que tomé posesión hice 100 compromisos y uno es el de eliminar los fideicomisos porque no hay transparencia en el manejo de los fondos”.
Y de inmediato Delgado Carrillo obedeció y quitó el dictamen que había negociado con tanto esmero el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo González Robledo, a fin de lograr el apoyo de las otras fracciones parlamentarias para la extinción de los 5 fideicomisos.
Delgado Carrillo debió declarar que la eliminación de estos 5 fideicomisos se trataba de la primera etapa y que seguirían trabajando para extinguir los 44 a que se había comprometido el presidente López Obrador, pero en lugar de ello se mostró temeroso y obedeció de inmediato.
Incluso, pudo haber argumentado que con la eliminación de estos 5 fideicomisos se podría disponer de forma inmediata de 16 mil millones de pesos, sobre todo ahora que se requiere de más recursos presupuestarios para afrontar la crisis sanitaria por el coronavirus en el país.
Los fideicomisos que se iban a extinguir son: el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos; Fondo de la Financiera Rural; Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios; Fideicomiso para el Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduanales y del Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética.
En otro tema, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una sentencia que impactará a la clase política, ya que considera válido y constitucional que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice un registro de las personas sancionadas por violencia política de género, pero además deberá publicarlo con el propósito de valorar a quienes estén en esta lista si tienen derecho a ser nominado para un cargo de elección popular.
La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso señaló que el registro funcionaría como medida de reparación del daño causado a las víctimas de la violencia política de género, además de ser una sanción pública para quienes violen las garantías políticas de las mujeres.
En junio pasado, la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez participó en un foro virtual por la Igualdad de Género que organizó la Cámara de Diputados, en donde denunció que ha padecido violencia política de género al interior del PAN en Tamaulipas, ya que no sólo algunos dirigentes partidistas le han complicado obtener candidaturas, sino también varios de legisladores panistas la han difamado para desprestigiar sus actividades al frente de la comuna.
Seguramente el INE acatará la sentencia del TEPJF y elaborará el registro de personas que han sido sancionadas por violencia política de género, por lo que será interesante ver cuáles políticos tamaulipecos serán incluidos y que no podrán ser nominados a cargos de elección popular.
Por otra parte, nada bien ha caído entre la sociedad mexicana el trato preferencial que se le ha dado al exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin por ser testigo colaborador en la investigación por corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, mientras que otros políticos también acusados no son tratados con tanta consideración, entre las que se encuentra Rosario Robles Berlanga, quien se encuentra detenida en el reclusorio de Santa Martha, en la Ciudad de México.
Las redes sociales se han inundado de críticas en contra de la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz Manero, puesto que mientras a Lozoya Austin lo mantienen en un hospital privado con cargo al erario público, a Robles Berlanga sigue presa sin que se le haya comprobado ningún delito por corrupción, sólo por omisión de sus responsabilidades, como sucedió con el ahora exdirector general de Pemex.
Algunos mensajes han tomado aquella frase atribuida a Don Benito Juárez García, que dice: “para los amigos, justicia y gracia; para los enemigos, justicia a secas”, debido a la marcada inclinación de López Obrador por el Benemérito de las Américas”.
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