C R O N I C A S P O L I T I C A S…
Por: Alberto Guerra Salazar.-
CIUDAD VICTORIA, (ASI).— Se tardaron diez años pero finalmente aceptaron los funcionarios del gobierno federal hacerse cargo del gasto que representa la reparación del puente roto, en Altamira, que es un monumento a la corrupción.
Esta obra se hizo durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa y las leyendas urbanas atribuyen a José Julián Sacramento Garza una importante participación, pues aseguran que el contrato salió a su nombre.
Sacramento ha sido diputado federal y Senador de la República, candidato del PAN a Gobernador. El contrato lo habría recibido a manera de compensación por no haber alcanzado una posición política.
El puente roto se empezó a construir en 2008 frente a las instalaciones de la Administración Portuaria Integral, API, en el parque industrial de Altamira. Se inauguró dos años después, a manos de FECAL, pero duró en operación muy poco tiempo.
Errores en el diseño y el empleo de materiales de mala calidad dieron al traste con el puente, que desde entonces recibió el bautizo de roto, por ser intransitable. Se improvisó una desviación a ras del suelo, que costó muchas vidas humanas por no tener adecuado señalamiento de prevención.
Simplemente, los conductores no disminuían la velocidad de sus vehículos y al percatarse tardíamente del bloqueo de acceso al puente, se estrellaban contra los pilares.
El gobierno federal de la época no reclamó al constructor la obra fraudulenta ni hizo efectiva la fianza institucional que se deposita para reclamaciones de este tipo, y simplemente el puente quedó allí, inservible.
Es hasta ahora que MORENA llegó al poder, que se decidió desembolsar varios millones de pesos en la rehabilitación del puente, para que entre en funcionamiento.
Una buena noticia ofreció el presidente municipal de Matamoros Mario Alberto López Hernández, pues mediante la persuasión se consiguió que los migrantes que mantenían ocupada la plaza pública del puente internacional nuevo, la desalojaran.
Por instrucciones del edil, el Secretario del Ayuntamiento Federico Fernández Morales mantuvo prolongadas negociaciones con alrededor de 300 migrantes que instalaron casas de campaña en la plaza y permanecieron allí más de un año.
La persistencia rindió frutos pues los migrantes aceptaron reubicarse en el campamento migratorio instalado en el bordo del río Bravo, desocupando la plaza pública.
Vecinos y transeúntes felicitaron a los funcionarios porque la plaza volvió a ser un centro de convivencia limpio y seguro, dos características que perdió por la invasión de los extranjeros.
En Matamoros, el maestro López Hernández enviará al Cabildo el proyecto de un fideicomiso que se hará cargo del servicio de alumbrado público mediante el cual se ahorrará hasta un 50 por ciento en el gasto de energía eléctrica.
Se trata de un programa innovador que no sólo permitirá ahorrar dinero, sino que ampliará la red de luminarias para tener un alumbrado nocturno completo.
Otra buena noticia es que un juez sentenció a 140 años de reclusión a tres policías de la fiscalía general de justicia de Tamaulipas, que se habían convertido en secuestradores. Fueron detenidos en Nuevo Laredo en 2018 como culpables del plagio de un empresario.
Los tres detectives de Irving Barrios Mojica se descuidaron y no pudieron ayudarlos porque las evidencias en su contra eran abundantes. Ojalá que los otros detectives escarmienten y se porten bien.
Por su parte, la nota principal de primera plana de El Universal, ayer, fue “Inseguridad frena entrega de apoyos sociales de AMLO”, y se refiere a los territorios donde se ha perdido la gobernabilidad por la violencia fuera de control.
Tamaulipas aparece en esa circunstancia, en 11 municipios, donde los servidores de la nación, funcionarios federales, no pueden entrar para repartir los apoyos de programas sociales.
Informaciones de este tipo contradicen el discurso oficial del gobierno estatal, panista, de que las cosas están bien y a veces hasta caen en el ridículo al auto-erigirse en ejemplo nacional en seguridad pública.
En otros temas, Edgar Melhem Salinas tiene prisa por poner en marcha la campaña de financiamiento para que el PRI recupere fuentes de ingresos, y para el efecto se reunió con los integrantes de la comisión estatal del ramo.
Además de que apuró a Salvador Treviño Salinas a organizar el pase de charola, quiere poner en práctica cuanto antes el cobro de cuotas a la militancia, para que la tesorería tricolor tenga algo más que telarañas.
Edgar es muy temerario pues no le importó que Ciudad Mante esté gobernada por nadie y visitó la zona cañera, para llevar un mensaje de aliento a sus compañeros de partido que viven allí.
El Mante amaneció ayer con mantas por todos lados con mensajes macabros que presagian más derramamientos de sangre.
También anduvo Melhem Salinas en Gómez Farías, repitiendo el mensaje de unidad y de reagrupamiento, para lo que viene.
El gobierno estatal, panista, no escapa a las penurias económicas y ya no pudo mantener vigente el programa “Tam te cuida”, una especie de médico en tu casa, de la Secretaría de Salud.
Versiones extraoficiales hablan de millones de pesos que andan volando pues rentaban vehículos a precios inflados y también había trafiques con medicinas e insumos.
Otro escándalo de la dependencia que maneja Gloria Molina Gamboa se está gestando tras la destitución de Gerardo Garza Córdova.
Por el rumbo del Congreso local, la diputada de MORENA Edna Rivera López anunció un proceso emprendido en el INE para conseguir que la borren de la lista de militantes del PRI donde fue puesto su nombre, indebidamente.
También está inconforme la dama contra la dirigencia de su propio partido, por estar inactiva y urgió a la nueva mesa rectora nacional que preside Alfonso Ramírez Cuéllar, a nombrar a nuevos presidentes, del comité estatal y del consejo político.
Otro diputado local, Tino Sáenz Cobos, del PRI, planteó la necesidad de reimplantar el modelo de policía municipal ante el alud de delitos del fuero común del año 2019.
Tino es presidente de la comisión de seguridad y es plausible que la atienda porque la violencia es uno de los problemas más graves que afectan a los tamaulipecos.
Habría necesidad de que el poder legislativo se ponga de acuerdo con el titular del poder ejecutivo y con los propios presidentes municipales, para hacer volver a la policía municipal, para que haga respetar el bando de policía y buen gobierno.
La policía estatal cubre supletoriamente a la policía municipal pero lo hace con muchas deficiencias, porque no hay suficientes elementos ni equipamiento y porque no le ponen la atención necesaria al trabajo debido a que no permanecen mucho tiempo en el mismo lugar.
Cumplen años Laurencio Martínez Saldívar, Luis Alberto Leo Limón, Pedro Castorena.
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