Por José Gregorio Aguilar
Lunes 09 de noviembre del 2026
El ex dirigente estatal del PRI sostiene que diversas actividades realizadas fuera de los plazos legales vulneran el calendario electoral rumbo a los comicios de 2027.
El ex presidente estatal del PRI, Ramiro Ramos Salinas, afirmó que las actividades de promoción realizadas por aspirantes vinculados a Morena constituyen actos anticipados de campaña y representan una violación a los tiempos establecidos por la legislación electoral.
El priista señaló que el calendario electoral establece etapas precisas para el desarrollo del proceso rumbo a las elecciones de 2027, por lo que consideró que cualquier promoción personalizada realizada antes de los plazos oficiales se encuentra fuera de la legalidad.
Explicó que tras el inicio formal del proceso electoral corresponde la integración de los órganos electorales federales, estatales y municipales, así como el registro de coaliciones y plataformas políticas por parte de los partidos.
Recordó que las precampañas inician hasta enero, por lo que cuestionó las actividades que actualmente realizan algunos perfiles políticos con aspiraciones electorales.
«Todo acto anticipado de campaña que se está llevando a cabo es ilegal. Está fuera de lo que es el calendario electoral y representa una violación a los tiempos establecidos», sostuvo.
Ramos Salinas consideró que las autoridades electorales no han actuado con la firmeza necesaria para contener este tipo de conductas y acusó una pérdida de credibilidad de los organismos encargados de vigilar el cumplimiento de las reglas electorales.
Afirmó que existe una promoción anticipada de figuras políticas que buscan posicionarse de cara al próximo proceso electoral, situación que, a su juicio, genera condiciones de inequidad en la contienda.
El ex dirigente priista también cuestionó el uso de recursos para impulsar la imagen de aspirantes antes del inicio formal de las campañas, al considerar que ello rompe con el principio de equidad electoral.
Finalmente, llamó a las autoridades competentes a garantizar el respeto de los tiempos legales y vigilar que todos los actores políticos se conduzcan dentro de los límites que marca la ley electoral
