Por: José Medina

La exalcaldesa de San Fernando enfrenta procedimientos derivados de observaciones a la cuenta pública de 2024; además, se reportan cuatro observaciones de la ASF por aproximadamente 13.5 millones de pesos que siguen sin solventarse.

San Fernando, Tamaulipas.– La exalcaldesa panista Maybella Lizeth Ramírez Saldívar enfrenta procedimientos de fiscalización relacionados con su administración municipal 2021-2024, mientras el Partido Acción Nacional (PAN) comienza a darle proyección política rumbo a las elecciones de 2027, al nombrarla coordinadora de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en San Fernando.

De acuerdo con un acta oficial fechada el 14 de octubre de 2026, personal de la Auditoría Superior del Estado (ASE) acudió al domicilio de Ramírez Saldívar para notificarle sobre un procedimiento derivado de observaciones a la gestión municipal. Al encontrar cerrado el inmueble, el notificador dejó un aviso visible para que comparezca dentro de los dos días hábiles siguientes ante la Autoridad Substanciadora de Fiscalización, en Ciudad Victoria.

Las actuaciones también alcanzarían al ex tesorero Edgar Mireles, al ex secretario de Obras Públicas Alfredo de la Fuente y a la ex contralora Gloria Sánchez, quienes, según la información proporcionada, también habrían sido notificados. Los señalamientos corresponden al ejercicio fiscal 2024, último año de la administración municipal.

A este procedimiento se suman cuatro observaciones atribuidas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que, de acuerdo con fuentes consultadas, continúan sin solventarse y estarían relacionadas con recursos por aproximadamente 13.5 millones de pesos.

La información disponible refiere que las actuaciones federales se vinculan con disposiciones del Título Quinto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, relativo a los procedimientos de responsabilidad administrativa.

Según el acta de la ASE, la diligencia se realizó el 14 de octubre a las 16:51 horas en un inmueble ubicado en la calle Pino Suárez número 701-A, en la Zona Centro de San Fernando, donde opera una papelería en la planta baja.
El funcionario señaló que el lugar estaba cerrado y que, pese a llamar en repetidas ocasiones, no obtuvo respuesta.

Por ello, fijó el aviso en la puerta principal y en un sitio visible para solicitar la comparecencia de la exalcaldesa.

El documento cita, entre otros fundamentos legales, los artículos 118, 187, 188 y 193 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, así como el artículo 102 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo estatal.

Un día después de la diligencia, el 15 de octubre, Ramírez Saldívar fue nombrada coordinadora de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en San Fernando, una posición que la vuelve a colocar en el escenario político local.
El nombramiento ocurre mientras siguen pendientes los procedimientos de fiscalización relacionados con su administración y en medio de las primeras señales de reacomodo partidista rumbo a la contienda municipal de 2027.

Hasta el momento, las observaciones señaladas no constituyen por sí mismas una resolución definitiva de responsabilidad. Ramírez Saldívar y los demás exfuncionarios involucrados tienen derecho a conocer formalmente los señalamientos, presentar pruebas y formular argumentos para aclararlos.
Corresponderá a las autoridades fiscalizadoras y competentes determinar si existen irregularidades administrativas y, en su caso, establecer las responsabilidades y sanciones que procedan.