Por: José Medina
Ciudad Victoria.— El diputado Marco Gallegos Galván propuso eliminar la certificación de competencias como requisito para contratar a personas con discapacidad en la administración pública de Tamaulipas, al considerar que esta exigencia puede convertirse en una barrera discriminatoria para acceder a un empleo.
La iniciativa busca reformar la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas y el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, manteniendo la obligación de que las autoridades estatales y los ayuntamientos destinen al menos 3 por ciento de su base laboral a personas con discapacidad.
La propuesta elimina específicamente la disposición que condiciona ese porcentaje de contratación a la certificación de las competencias de las personas con discapacidad.
Gallegos Galván sostuvo que el acceso al empleo debe garantizarse en igualdad de condiciones y que ninguna persona debe enfrentar obstáculos adicionales por su condición física, mental o sensorial.
La propuesta toma se basa en los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con los derechos de las personas con discapacidad.
Actualmente, la legislación tamaulipeca establece que tanto las autoridades estatales como los gobiernos municipales deben contratar a personas con discapacidad hasta alcanzar al menos el 3 por ciento de su base laboral; sin embargo, contempla la certificación de sus competencias como parte de ese esquema.
«Eliminar este requisito permitirá avanzar hacia una verdadera inclusión laboral, en la que las personas sean evaluadas por su capacidad para desempeñar las funciones del puesto y no por condiciones relacionadas con su discapacidad.
La iniciativa también se vincula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 de la Agenda 2030, que busca reducir las desigualdades, y destaca que contar con un empleo representa un elemento fundamental para garantizar la autonomía, dignidad e inclusión social de las personas con discapacidad».
El proyecto deberá seguir el proceso legislativo correspondiente, incluida la consulta a personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan, conforme a las disposiciones internas del Congreso de Tamaulipas.
