Por José Gregorio Aguilar

Lunes  28 de septiembre de 2026

El presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPAF), Alejandro Águila Argüelles, lanzó una dura crítica contra el magisterio y las autoridades educativas de Tamaulipas, al señalar que los profesores carecen de pedagogía y comprensión lectora, mientras que el gobierno estatal mantiene en el abandono la representación legal de los padres de familia.

“Pues mire, no saben ni leer, apuradamente saben hablar. Pero ni leer. Yo creo que les debieron de haber aplicado las pruebas PISA a esos profesores o falsos profesores, porque ellos son los que no saben, no tienen comprensión lectora. Y al no tener comprensión lectora, les falta pedagogía y no saben transmitir el conocimiento”, expresó Águila Argüelles.

El dirigente nacional de padres de familia cuestionó que los maestros responsabilicen a los padres del rezago educativo, cuando en realidad —dijo— la falla está en la enseñanza. “Si a los niños les meten basura en la cabeza, basura van a sacar por la boca. No saben pedagogía, no saben enseñar”, enfatizó.

Águila Argüelles también reprochó que en Tamaulipas las autoridades educativas no tengan interés en conformar la mesa directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia, pese a que la Ley General de Educación y el Reglamento de Asociaciones establecen su obligatoriedad. “No les interesa, por eso seguimos sin asociación legalmente establecida”, denunció.

El presidente de ANPAF explicó que, ante la falta de voluntad institucional, se ha tenido que recurrir a delegados con poca experiencia, aunque con disposición para organizarse. “Ahí vamos armando equipo, con gente entrona que consulta y busca cómo entrarle a los problemas”, comentó.

Las declaraciones de Águila Argüelles se dan en un momento en que el sistema educativo enfrenta cuestionamientos por los resultados de la prueba PISA, que evidencian rezagos en comprensión lectora y matemáticas. Además, en Tamaulipas persiste el vacío legal en la representación de padres de familia, lo que limita su capacidad de incidir en decisiones escolares y en la atención de conflictos