CRÓNICA:
*Presunta orden del alcalde condicionaría convenios de publicidad a la cobertura de actores políticos rumbo al proceso electoral 2026-2027.
Por Julio Manuel Loya Guzmán.
Reynosa, Tamaulipas.— Una presunta orden para frenar la cobertura de ciertos actores políticos escaló a amenaza directa: medio de comunicación que no acate la instrucción perderá su convenio de publicidad oficial con el Ayuntamiento. La denuncia abre un choque de fondo entre el uso de dinero público, la presión política y la libertad editorial.
De acuerdo con testimonios de varios representantes de la prensa local, la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Reynosa transmitió la directriz de reducir o suspender la información sobre personajes que aspiran a contender por candidaturas de elección popular.
Esta presunta línea enfatiza «congelar» las notas periodísticas de la diputada local Magaly Deandar Robinson. En contraparte, se habría ordenado ampliar la cobertura de la diputada federal Claudia Hernández y del titular de Servicios Públicos Primarios, Hugo Chávez. Ambos son considerados perfiles afines al alcalde Carlos Peña Ortiz.
Las versiones señalan directamente al coordinador de Comunicación Social, Aldo Hidalgo Escalante, como el responsable de transmitir la supuesta orden del edil, conocido en el ámbito político como «Makito».
Hasta el momento, la existencia de una instrucción por escrito no ha sido acreditada públicamente. Tampoco se cuenta con una postura oficial de los funcionarios señalados que permita confirmar o rechazar el señalamiento.
El caso adquiere relevancia porque la utilización de convenios de publicidad como mecanismo de presión trasciende una simple decisión administrativa. Se trata de un debate profundo sobre la relación entre el poder y los medios, la libertad de expresión y las condiciones de equidad informativa de cara al proceso electoral.
EL DILEMA DE LOS MEDIOS
Para las empresas periodísticas, este escenario plantea una tensión evidente entre la subsistencia financiera —dependiente de la pauta oficial— y la obligación ética de informar bajo criterios estrictamente periodísticos.
El problema se vuelve todavía más delicado pues el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) ya oficializó el arranque de la contienda ordinaria. El organismo ha destacado que la organización de una elección exige generar condiciones de equidad para que todas las fuerzas políticas presenten sus propuestas.
Cabe destacar que el instituto mantiene activos sus mecanismos sancionadores. Tan solo en lo que va de 2026, el IETAM ha resuelto procedimientos que involucraron tanto a medios de comunicación como a funcionarios públicos por conductas restrictivas o violatorias de la norma electoral.
Esto recuerda que la cobertura periodística en tiempos electorales no debe confundirse con propaganda: los medios conservan su función informativa, mientras que las autoridades vigilan las reglas del juego.
UNA DISPUTA QUE APENAS COMIENZA
El nombre de Magaly Deandar aparece en el centro de esta controversia porque la legisladora ha manifestado abiertamente su interés en competir por la candidatura de Morena a la Presidencia Municipal de Reynosa. Aunque la definición interna de ese partido es todavía una disputa abierta, lo que sí resulta verificable es el viraje en la relación del gobierno municipal con la prensa.
En enero de 2026, el propio Ayuntamiento informó que Carlos Peña Ortiz encabezó un encuentro con periodistas de la región. En ese acto, donde también participó Aldo Hidalgo, el alcalde ensalzó el papel de los comunicadores como un pilar del equilibrio democrático.
Meses después, la versión que hoy corre en las redacciones plantea la pregunta contraria: ¿puede un gobierno municipal condicionar el presupuesto público a la manera en que un medio cubre a determinados actores políticos? Esa es la cuestión de fondo, más allá de simpatías partidistas o proyectos personales.
Si existe una instrucción semejante, corresponde documentarla y conocer sus alcances; si no existe, corresponde a los funcionarios desmentirla de forma pública.
Mientras tanto, en las redacciones de Reynosa flota una preocupación legítima: que la publicidad oficial termine convertida en un garrote para castigar o premiar coberturas. El debate ya no es solo quién busca la candidatura, sino quién puede informar sobre ella y bajo qué condiciones.
