Por José Gregorio Aguilar
22 de septiembre de 2026
El alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, anunció que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revertir la decisión del Congreso local de mantener bajo control estatal la administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de esa ciudad fronteriza.
Con tono desafiante, el edil panista acusó que la negativa del Legislativo constituye un abuso contra los habitantes de Río Bravo. “No nos vamos a quedar ahí, vamos a ir a la Suprema Corte porque lo que están haciendo es un abuso contra todos los riobravenses”, enfatizó.
Almaraz rechazó los argumentos de los diputados que sostuvieron que el municipio carece de capacidad técnica y financiera para operar el organismo. Por el contrario, aseguró que el servicio estatal presenta graves deficiencias y que la población padece diariamente la mala calidad del agua.
“Tenemos agua chocolatosa, a veces nos va bien y sale amarilla, y a veces cristalina oliendo a pescado… tiene partículas cancerígenas porque arrastra desechos de maquilas y aguas negras de Reynosa”, denunció, visiblemente molesto y decepcionado de lo que calificó como indiferencia hacia la salud de la gente.
El edil también arremetió contra el diputado morenista Humberto Prieto Herrera, a quien acusó de mentir sobre las condiciones del municipio. “Ni siquiera me acuerdo de su nombre, pero lo que dijo son mentiras”, expresó.
La Diputación Permanente del Congreso avaló el lunes un dictamen para que el organismo operador continúe bajo control estatal, argumentando que el ayuntamiento no tiene la capacidad para asumir la administración.
Almaraz defendió que, conforme a la ley, la gestión del servicio básico debe corresponder al municipio, pues es la instancia más cercana a los ciudadanos y la que puede garantizar atención directa y digna.
Finalmente, reiteró que interpondrá los recursos legales correspondientes ante la SCJN para recuperar la administración de la Comapa y devolver a los riobravenses el control de un servicio que considera vital para la salud y bienestar de la comunidad.
