El Patinadero
Juan Antonio Montoya Báez
Era un simple caballerango hace años; hoy se vende como un genio de la ciberseguridad y la electrónica de alta gama. Sus servicios facturados parecen únicos, permitiéndole sobrevivir a los vaivenes de los sexenios: pasó de ser un proveedor consentido del exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca a convertirse en uno de los contratistas más privilegiados de la Cuarta Transformación con bolsas millonarias.
Desde el exterior de su residencia se exhibe de manera permanente una flotilla de vehículos sumamente lujosos —motos tipo razors, un Porsche y una flamante camioneta Ford Raptor— que gritan al mundo su repentino éxito económico. Es el recordatorio de que ya no pertenece al club de los «jodidos»; la suerte le sonrió y las leyes le tienen sin cuidado cuando se cuenta con el blindaje del dinero y este se distribuye en las manos precisas para comprar impunidad.
La trama comenzó en el cabecismo pero se prolongó de manera extraña en la actual administración estatal, donde el caballista siguió domando con maestría a los funcionarios de la Dirección de Compras y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
En el presente sexenio, Ricardo Azael Casanova Ramírez (o Casanova Márquez) —el jinete de los contratos morenistas— logró acceder libremente a los concursos de la SSP, extendiendo su control en áreas operativas para la supuesta adquisición de antenas inalámbricas e internet satelital. Todo se lo estructuraron a modo para que jamás perdiera: le dieron las tres manos ganadoras. No había margen de error; si no ganaba el pinto, ganaba el colorado, y hasta el giro de patas chorreadas jugaba en su mismo redondel. Los tres gallos del palenque presupuestal eran suyos.
La mecánica de la simulación fue burda: desde las oficinas de la SSP se dictó la instrucción de invitar simultáneamente a sus propias compañías en supuestas licitaciones restringidas. Las firmas seleccionadas fueron Casa Casve MX, S.A. de C.V. y Grupo ID Rec, S.A. de C.V., ambas operadas tras bambalinas por el caballerango Ricardo.
En las actas constitutivas aparecen otros accionistas prestanombres, pero lo curioso es que comparten un mismo origen legal: el protocolo de la notaría pública número 111 de Paola Gómez Ugalde, responsable de la constitución, aumentos de capital y diversas modificaciones corporativas de la red.
Su empresa principal, Casve, fue constituida en el año 2020 y a la fecha ha acumulado asignaciones superiores a los 350 millones de pesos por parte de la SSP y el Secretariado Ejecutivo.
Para evadir sospechas fiscales, Casa Casve MX reporta tres domicilios diferentes en Ciudad Victoria; todos ubicados en fraccionamientos de lujo y ninguno habilitado como un corporativo real, sino como casas habitación particulares en los fraccionamientos Valle de Aguayo, Residencial Las Rosas y Villarreal.
Los contratos los obtiene con el cobijo de altos funcionarios de Compras, pues no hay otra forma de explicar que se invite a concursar a dos razones sociales que incluso utilizan el mismo número telefónico. Por ejemplo, Grupo ID Rec se creó apresuradamente solo una semana antes de que arrancara el sexenio de la transformación y ya alcanzó más de 14 millones en contratos de ciberseguridad; en el concurso simulado de las antenas, Casve ofertó 4.9 millones de pesos y su empresa hermana ID Rec bajó la puja a 4.2 millones para quedarse limpiamente con el cheque.
Hoy el caballerango de Llera se encuentra plenamente ligado a Grupo Maniflosa, S.A. de C.V., una firma bajo la administración de Martín Flores, con la cual las autoridades ya detectaron transferencias financieras irregulares destinadas a la dispersión de recursos. Maniflosa es otra de las consentidas del presupuesto actual, sirviendo como pieza central de un sofisticado carrusel de simulación donde también se involucran otras razones sociales ligadas al investigado:
- Listón Rojo Soliciones Tecnológicas
- Real Insumos del Norte
- Soporte Industrial Modol, S.A. de C.V.
- Servicios Empresariales Goenitz
- Novobirsk Ingeniería Integral, S.A. de C.V.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) mantiene abierta la carpeta de investigación 175/2026 por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, simulación de actos jurídicos y complicidad en el uso indebido de atribuciones.
La alianza de intereses es profunda: Maniflosa, que operaba libremente a pesar de arrastrar señalamientos de inhabilitación por la Contraloría Estatal, se embolsó por sí sola un contrato de 300 millones de pesos.
Acorralados por el avance de las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción, la dupla conformada por Ricardo Casanova y Martín Flores instrumenta desesperadas maniobras de supervivencia política y jurídica. Versiones de pasillo apuntan a que buscan tender puentes financieros con funcionarios de la fiscalía al precio que sea, algo menor cuando hay tanto botín por repartir.
Paralelamente, ejecutan una feroz campaña de desprestigio contra un grupo de empresarios locales con el único fin de enturbiar el agua y desviar la atención pública de sus propias fechorías. Hay demasiada tela de dónde cortar y pruebas de sobra en la carpeta; la moneda está en el aire para ver si la fiscalía realmente aplica la ley o prefiere administrar el escándalo a conveniencia.
El caballerango disfruta de las ganancias de su trapecismo sexenal. Gozó de la protección azul, hoy goza del cobijo guinda, confirmando que los contratos no tienen ideología ni color cuando galopan sobre los caballos domados por el audaz jinete de Llera, quien un día soñó con saquear al estado y hoy lo ha conseguido con creces.
Bueno, por hoy es todo.
Adiós y aguas con los patinazos…
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