Columna: Conciencia Ciudadana
Por: Luis Armando González Isas
Hay semanas en las que la política produce más fotografías que respuestas. Tamaulipas acaba de vivir una de ellas: visita presidencial, anuncios de obras, mensajes de unidad, movimientos rumbo al 2027 y una Universidad Autónoma de Tamaulipas que también hizo sentir su presencia. Mientras tanto, fuera de los escenarios oficiales, la violencia continúa recordándonos que existen problemas que ningún discurso puede esconder.
La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Ciudad Victoria dejó, sin duda, cosas buenas. Llegó acompañada políticamente por el gobernador Américo Villarreal Anaya y habló de proyectos importantes para Tamaulipas. Para nuestra capital, particularmente, cualquier compromiso relacionado con resolver el histórico problema del agua merece reconocimiento y, sobre todo, seguimiento.
Hay que decirlo con equilibrio: cuando llegan inversiones y obras que pueden beneficiar a Tamaulipas, debemos celebrarlas independientemente de colores partidistas.
Pero también debemos aprender que anunciar no significa cumplir.
El verdadero balance de una visita presidencial no debería medirse por cuántas personas llenaron un recinto, cuántos aplausos recibió la presidenta o cuántas fotografías circularon después en las redes sociales. Se medirá preguntando: ¿se hicieron las obras?, ¿mejoraron los servicios?, ¿llegó el agua?, ¿las carreteras fueron terminadas?, ¿la vida de los tamaulipecos mejoró?
Dentro de esa visita hubo además una imagen interesante: la presencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
El rector Dámaso Anaya Alvarado encabezó a estudiantes y docentes de diferentes dependencias académicas durante el encuentro con Sheinbaum. Y esto también tiene una lectura positiva: la máxima casa de estudios debe mantener comunicación con el Gobierno Federal y aprovechar esas relaciones institucionales para conseguir oportunidades, investigación, infraestructura y mejores condiciones para sus estudiantes.
Una Universidad no debe aislarse del poder público, pero tampoco convertirse en instrumento de ningún partido. Su compromiso fundamental siempre deberá ser con sus estudiantes, la ciencia, el conocimiento y Tamaulipas.
Y mientras todos comienzan a voltear hacia el 2027, apareció otro tema que merece mucha atención.
La dirigente estatal de Morena, María Guadalupe “Lupita” Gómez Núñez, explicó que el mecanismo para revisar antecedentes de aspirantes es opcional para los partidos, aunque aseguró que Morena sí someterá sus perfiles a revisión.
Aquí surge una pregunta que vale para Morena y absolutamente para todos los partidos:
¿Por qué investigar los antecedentes de quien pretende gobernarnos tendría que depender de la voluntad de un partido?
Si alguien quiere administrar millones de pesos del presupuesto público, convertirse en alcalde, diputado o asumir cualquier posición de poder, conocer sus antecedentes debería ser una exigencia mínima.
PAN, PRI, Morena, Verde, Movimiento Ciudadano o cualquier otro partido deberían aceptar exactamente las mismas reglas.
Pero mientras hablamos de candidaturas, elecciones, visitas presidenciales y posiciones políticas, aparece una noticia que golpea mucho más fuerte que cualquier discurso: el asesinato de un joven fotógrafo, hijo de un pastor evangélico, quien se encontraba realizando su labor profesional y fue brutalmente asesinado durante un acto político. Un caso cuyos detalles y móvil deberán ser esclarecidos plenamente por las autoridades en el candente estado de Oaxaca.
Para quienes conocemos el trabajo pastoral, una noticia de esta naturaleza adquiere una dimensión particularmente dolorosa.
Detrás de ese joven había padres esperando que regresara a casa. Había una familia. Había una congregación. Había sueños y una vida por delante.
Por eso la molestia y la exigencia de justicia expresada desde sectores de la comunidad evangélica no deben ser ignoradas.
No se pide un privilegio porque sea hijo de un pastor. Se pide justicia porque era un ciudadano. Y esa diferencia es fundamental.
Corresponde ahora a las autoridades investigar qué sucedió, establecer responsabilidades y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables. Una muerte no debe convertirse irresponsablemente en bandera partidista, pero tampoco puede terminar convertida en un número más dentro de las estadísticas de violencia.
Curiosamente, estos cuatro acontecimientos aparentemente diferentes terminan encontrándose en un mismo punto:
La confianza.
Confiar en que las obras anunciadas por una presidenta se realizarán.
Confiar en que una Universidad mantendrá su autonomía mientras fortalece sus relaciones institucionales.
Confiar en que los partidos verdaderamente investigarán a quienes quieren convertir en candidatos.
Y confiar en que cuando asesinan a un ciudadano, habrá investigación, responsables y justicia.
Ese quizá sea uno de los mayores retos que enfrentamos actualmente.
México no necesita solamente mejores discursos ni eventos multitudinarios. Necesita instituciones en las que podamos confiar.
La presidenta ya estuvo en Victoria. Los aplausos ya se escucharon. Las fotografías ya fueron publicadas. Los partidos comienzan a preparar el 2027 y la UAT continúa fortaleciendo su presencia institucional.
Pero mientras todo eso sucede, en algún lugar hay una familia que ya no espera anuncios, discursos ni fotografías.
Espera justicia.
Y quizá esa sea la reflexión más importante de todas: podemos discutir de política todos los días, podemos celebrar obras y cuestionar gobiernos, podemos hablar de candidatos y elecciones, pero cuando la violencia arrebata una vida, las diferencias partidistas deberían desaparecer.
Porque ningún padre debería enterrar a un hijo.
Y mucho menos quedarse después preguntando:
¿quién lo mató y cuándo llegará la justicia?
Nota importante, esta columna está dedicada a los esforzados pastores Daniel Hernández y Chelyta Cruz del Estado de Oaxaca, a quien desde Ciudad Victoria Tamaulipas les envió un fuerte y fraternal abrazo.
Por hoy es todo y nos leemos en la próxima si el Primerísimo nos lo permite.
