Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
En materia de salud pública, el dinero que se desvía, se desperdicia o se paga por servicios que presuntamente nunca se realizaron, no es sólo una cifra contable. Es dinero que deja de invertirse en medicamentos, equipo, mantenimiento y en atención digna para los pacientes.
Por eso resulta particularmente grave que documentos oficiales apunten a posibles irregularidades en contratos de mantenimiento de equipos de aire acondicionado (en hospitales de Tamaulipas), cuyos pagos superarían los 33 millones de pesos, correspondientes a las empresas ANWALT AM, S. A. de C. V. y RIDEL Desarrollos y Proyectos, S.A. de C.V.
En las instrucciones de pago aparece el nombre de Arik Salvatierra García, entonces jefe de Servicios Administrativos y Finanzas de la Coordinación Estatal del IMSS-Bienestar en Tamaulipas.
Aquí no se trata de condenar anticipadamente a nadie. Esa responsabilidad corresponde a las autoridades competentes. Se trata de formular preguntas que deben responderse con documentos y sin silencios burocráticos ni protección política.
De acuerdo con la documentación referida, el Hospital General ‘Dr. Carlos Canseco’ habría informado que ANWALT AM no se presentó a proporcionar el servicio por el cual posteriormente se habría efectuado el pago. Y la pregunta es elemental es: ¿cómo puede pagarse un servicio que, según el propio hospital, no se realizó?
Pero los cuestionamientos no terminan ahí. Las evidencias fotográficas presentadas como comprobantes mostrarían imágenes repetidas entre distintos servicios. También se señala que uno de los equipos reportados como atendidos, un Chiller marca York, llevaba años fuera de operación y sin componentes internos.
A ello se suma que un mismo técnico habría firmado órdenes de servicio a nombre de las dos empresas y que una de ellas habría facturado trabajos fuera de la zona que contractualmente tenía asignada, pese a que esa práctica estaría prohibida.
Demasiadas coincidencias para despacharlas simplemente como errores administrativos.
Según los documentos, las instrucciones para realizar los pagos fueron emitidas por Salvatierra García, quien habría asentado que la documentación había sido revisada y verificada y que los trabajos se habían recibido a entera satisfacción.
Si esto es así, la contradicción resulta evidente: ¿cómo se pudo certificar como recibido y satisfactorio un servicio que el propio hospital reportó como no realizado?
Una factura no sustituye un servicio. Una fotografía no sustituye una reparación. Y una firma administrativa tampoco puede convertir en realizado aquello que materialmente nunca ocurrió.
Además, el mantenimiento de los sistemas de climatización no es un asunto ornamental en un hospital. Forma parte de las condiciones necesarias para la operación de determinadas áreas, la seguridad de pacientes y trabajadores y la conservación de medicamentos e insumos.
El caso adquiere otra dimensión porque el mismo funcionario aparece relacionado con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por un posible uso ilícito de atribuciones y facultades vinculado con la calificación de una licitación pública nacional del IMSS-Bienestar en Tamaulipas, adjudicada en junio de 2026.
La pregunta vuelve a ser sencilla: ¿tenía el funcionario las atribuciones legales para intervenir en la evaluación técnica de aquella licitación?
También se refiere una investigación relacionada con adquisiciones de medicamentos durante su paso por el IMSS en Nuevo León. De acuerdo con la documentación citada, se habría solicitado investigar una compra por 131 millones de pesos, cuyo valor de mercado habría sido estimado en 51 millones, lo que implicaría un posible sobrecosto cercano a 80 millones.
El miedo también forma parte del problema, ya que se ha referido una denuncia presentada en junio de 2026 por una servidora pública por presunto hostigamiento laboral y acoso sexual, acompañada de una solicitud de medidas de protección ante el temor de posibles represalias.
¿Y dónde está la responsabilidad institucional?
Aquí aparece otra pregunta inevitable: ¿qué ha hecho la Coordinación Estatal del IMSS-Bienestar frente a estos señalamientos?
El doctor Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, como titular de la Coordinación Estatal, tiene frente a sí un problema que no puede resolverse con declaraciones generales. Si existen expedientes, deben revisarse. Si existen denuncias, deben canalizarse a las autoridades competentes. Y si existen posibles delitos, debe darse vista a la autoridad ministerial.
Lo que no puede ocurrir es que los expedientes se pierdan en la burocracia.
Lo que está en juego no son únicamente los más de 33 millones de pesos relacionados con contratos de mantenimiento. Está en juego la credibilidad del IMSS-Bienestar en Tamaulipas y la confianza de los ciudadanos en quienes administran los recursos destinados a la salud.
Si los servicios fueron realizados, que se demuestre con evidencia técnica, documental y física. Si fueron parciales, que se determine quién autorizó los pagos. Y si nunca se realizaron, que se establezca quién certificó su recepción, quién ordenó pagar y quién debe responder.
Sin excepciones. Sin compadrazgos. Sin funcionarios intocables.
La salud pública no puede convertirse en terreno fértil para negocios particulares ni en caja chica de intereses de grupo. Mientras en las oficinas alguien firma órdenes de pago, en los hospitales hay pacientes que esperan atención, médicos que trabajan bajo condiciones difíciles y trabajadores que necesitan instalaciones dignas.
El dinero destinado a la salud pertenece a los ciudadanos.
Por eso la pregunta final debe alcanzar a toda la cadena de responsabilidades. ¿Quién autorizó? ¿Quién verificó? ¿Quién pagó? ¿Y quién permitió que ocurriera?
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