Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
El Paquete Económico 2027 contempla severas modificaciones a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) porque, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) la recaudación ha sido insuficiente –por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT)–, por la evasión de impuestos.
Sobre todo, en lo que concierne al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR), pues supone que, de cada 10 causantes nueve no cumplen formalmente o sus tasas efectivas son muy reducidas.
Esto lleva al gobierno federal a trazar un nuevo esquema recaudatorio, aunque está más orientado a ‘obtener recursos’ mediante modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta porque, advierte, en tal rubro, es donde más se evaden tributaciones, aunque va por las empresas grandes, dice, y no por las micro, pequeñas y medianas.
Sin embargo, a éstas les lanza el anzuelo de ‘reducirles’ el IVA en un 9 por ciento al pagar solamente el 7 –conforme al cobro del 16– siempre que estén inscritos en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico); y que se rehúsen a acreditar el gravamen mediante operaciones realizadas en su ejercicio comercial.
Ciertamente, el Estado requiere mayores ingresos para su gasto, pues la recaudación no ha sido suficiente para cubrir servicios públicos de forma eficiente como son los de educación, salud, seguridad y asistencia social al menos.
Bajo ese argumento, es inobjetable el propósito recaudatorio. Además, en un principio elemental de justicia, quienes tienen mayor capacidad, en lo económico, deben contribuir proporcionalmente, como hacen los causantes menores, atendiendo las obligaciones establecidas por la ley.
Sin embargo, el problema es cuando la lucha contra la evasión termina convirtiéndose en una política de mayor presión sobre quienes ya cumplen, mientras se pretende presentar como un combate a la informalidad y/o a la elusión fiscal lo que pudiera terminar siendo simplemente una ampliación a la base recaudatoria.
La diferencia no es menor.
Se lo comento porque perseguir a quienes deliberadamente ocultan su ingreso, pero simulan operaciones, usando ‘empresas fantasmas’, facturan operaciones inexistentes o recurren a técnicas para disminuir obligaciones fiscales artificialmente, y otra, muy distinta, es modificar las reglas de manera que el contribuyente termine pagando más, aun cuando no haya incurrido en una conducta evasiva.
Y en este terreno, habrá que observar con lupa el Paquete Económico 2027.
Las autoridades hacendarias sostienen que la recaudación obtenida ha sido insuficiente frente al nivel de evasión existente, bajo la premisa de que un porcentaje muy elevado de contribuyentes no cumple regularmente con sus obligaciones o presenta tasas efectivas de tributación ampliamente bajas.
El diagnóstico puede ser correcto.
Pero lo que debe discutirse, sin embargo, es la medicina.
Desde hace décadas, México padece un fuerte problema fiscal que no puede resolverse únicamente modificando leyes.
La recaudación es menor, a lo que necesita para atender los enormes rezagos sociales y de infraestructura, pero, al mismo tiempo, mantiene una economía informal de dimensiones considerables, además de los múltiples mecanismos legales y contables que les permiten a determinados sectores reducir significativamente su carga tributaria.
Por eso, cualquier reforma fiscal (que pretenda) tendría que comenzar por distinguir entre evasión, elusión, informalidad y una legítima planeación financiera.
No todo contribuyente que paga poco necesariamente está evadiendo.
Y no todo contribuyente que cumple puntualmente debería convertirse automáticamente en el objetivo más sencillo de la estrategia recaudatoria.
La autoridad fiscal tiene herramientas cada vez más sofisticadas para fiscalizar. El SAT cuenta con información bancaria, facturación electrónica, declaraciones, cruces de información, controles digitales y mecanismos de inteligencia tributaria que hace algunos años hubieran parecido propios de una novela de ciencia ficción.
Entonces cabe preguntar: ¿si el Estado dispone de tanta información, por qué la solución debe descansar fundamentalmente en modificaciones legales?
La pregunta es pertinente porque el discurso oficial suele presentarnos cada ajuste fiscal como la panacea contra quienes no pagan impuestos; sin embargo, la experiencia cotidiana de millones de pequeños contribuyentes es distinta: más trámites, mayores controles, obligaciones administrativas crecientes y una relación con la autoridad fiscal que, en ocasiones, parece construida más desde la sospecha que desde la confianza.
Y aquí aparece uno de los puntos más delicados del nuevo esquema.
La intención de modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta para que se incremente la recaudación, sería bien vista, pero concentrándose en los grandes contribuyentes que utilizan una compleja estructura empresarial, a fin de disminuir artificialmente sus obligaciones.
No obstante, el tema cambia cuando se habla de las micro, pequeñas y medianas empresas, porque son precisamente éstas las que constituyen buena parte del tejido productivo nacional.
Decir que el gobierno no pretende ir contra ellas sería tranquilizador.
Pero aparece el incentivo del IVA. Y entonces las cosas adquieren otra dimensión, pues los contribuyentes inscritos en el Resico, para alcanzar el ‘beneficio’, deben renunciar a toda operación para acreditar el IVA y pagar, mensualmente, el siete por ciento sobre sus ingresos, más hasta el 2% por concepto de ISR.
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