Por: Luis Enrique Arreola Vidal.
Ricardo A. Casanova Márquez, exdomador de caballos de Llera, es quien adquirió los contratos.
No como ranchero ni como dueño de un centro de adiestramiento.
Como operador de una red de empresas vinculadas a contratos con la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública por alrededor de 350 millones de pesos.
El origen está a la vista.
Casa Casve MX se constituyó en 2020. Grupo ID Rec nació en septiembre de 2022, una semana antes de que arrancara el sexenio actual.
En poco tiempo esa segunda empresa ya cobraba por ciberseguridad y antenas satelitales.
En un mismo procedimiento, la SSP invita a las dos —y a una tercera para completar el expediente—. Casa Casve ofrece 4.9 millones. Grupo ID Rec baja a 4.2 millones y se lleva el contrato.
Las dos están vinculadas a Casanova Márquez.
La misma notaria, Paola Gómez Ugalde, formaliza constituciones, aumentos de capital y cambios de domicilio.
Los domicilios fiscales registrados de Casa Casve no corresponden a grandes instalaciones corporativas: aparecen en inmuebles de zonas habitacionales como Valle de Aguayo, Las Rosas y Villarreal.
Eso no parece competencia.
Parece simulación.
La Fiscalía de Tamaulipas ya tiene en sus indagatorias a los contadores Diego Armando Cruz Piña y Sheila Paola Alvarado, relacionados con JOCU Asistencia Legal y Contable.
La investigación deberá reconstruir de dónde salió el dinero, cómo fue administrado y a dónde fue.
La denuncia la presentó una exsocia, quien señaló presuntos hechos de despojo, amenazas, cambio de llaves electrónicas y presiones para ceder su participación.
El conflicto societario no inventó el esquema.
Solo lo destapó.
Los contratos ya estaban ahí.
No hay misterio técnico.
Hay un patrón que merece ser investigado hasta sus últimas consecuencias: empresas vinculadas al mismo operador, una notaría recurrente, contadores relacionados con la administración financiera, invitaciones restringidas y un tercer participante que completa los procedimientos.
El Código Penal estatal contempla conductas relacionadas con la simulación de actos o contratos para obtener beneficios indebidos. Determinar si esos supuestos se actualizaron corresponde a la autoridad.
Los papeles están.
Falta leerlos hasta el final.
Pero esto no se sostiene solo con el proveedor.
Alguien, desde adentro de la Secretaría de Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, envió esas invitaciones.
Alguien recibió las propuestas.
Alguien las revisó.
Alguien decidió.
Y alguien firmó.
Las firmas en los contratos no son adorno.
Son responsabilidad.
Y si una investigación acredita que recursos destinados a seguridad fueron desviados mediante contrataciones simuladas, el daño no terminaría en el erario.
Se traicionaría el destino de ese dinero.
Patrullas que pudieron comprarse.
Equipos que pudieron llegar.
Conectividad que pudo instalarse donde hace falta.
Capacitación que pudo fortalecerse.
En un estado donde las familias siguen midiendo la noche por el miedo, cada peso que eventualmente haya sido desviado de la seguridad sería un agravio directo.
El discurso oficial habla de reducción de delitos, Guardia Estatal profesionalizada, cámaras y coordinación.
Entonces hay que explicar cómo un proveedor sin una infraestructura corporativa visible proporcional al volumen señalado aparece relacionado con alrededor de 350 millones de pesos en contratos de seguridad mientras empresas vinculadas a él participan en los mismos procedimientos.
Hay que explicar por qué los mismos nombres se repiten en actas, contratos y procedimientos.
Y hay que explicar por qué la investigación avanza sobre el empresario y personas relacionadas con su operación contable, mientras el expediente público todavía no ilumina con la misma intensidad a quienes autorizaron el gasto.
Porque el dinero público no se adjudica solo.
Alguien firma.
La investigación periodística ha documentado una trama que incluye empresas, operadores, instrumentos notariales, procedimientos de contratación y funcionarios públicos.
Ahora corresponde al Ministerio Público determinar si detrás de esa estructura existieron delitos y quiénes participaron.
Lo que falta no es otro comunicado de “se investiga”.
Falta que las firmas dejen de ser papel membretado y se conviertan, donde corresponda, en responsabilidad.
Porque si una eventual simulación termina únicamente en Casanova y la investigación se apaga justo cuando llega al escritorio del funcionario, entonces no habrá combate integral a la corrupción.
Habrá sacrificio selectivo.
Tamaulipas no necesita empresas facturando seguridad desde domicilios que difícilmente reflejan la dimensión de los contratos señalados.
Necesita que el dinero de la seguridad llegue a donde fue destinado.
El origen de los contratos tiene nombre.
Las firmas también.
Corresponde seguirlas.
