Por: Luis Enrique Arreola Vidal.

La presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo con la claridad que a veces falta en la política mexicana: un presidente o un gobernador que representa al pueblo de México no puede —no debería poder— tener doble nacionalidad. “Eres mexicano y mexicano, punto.

Porque si tienes doble nacionalidad, entonces ¿a quién representas? ¿A México o a otro país?”.

La frase no es retórica. Es un diagnóstico de una herida abierta.

El detonante fue, otra vez, Francisco García Cabeza de Vaca.

El exgobernador de Tamaulipas, prófugo de la justicia mexicana, refugiado del otro lado de la frontera con pasaporte estadounidense en la mano y una solicitud de extradición que Washington no ha atendido con la diligencia que el caso exige.

Sheinbaum no se limitó al caso particular.

Anunció que estudia una reforma constitucional para cerrar la puerta: ni la Presidencia de la República ni las gubernaturas deberían estar abiertas a quienes mantienen un pie en dos soberanías.

La Constitución ya exige ser mexicano por nacimiento, residencia efectiva y pleno goce de derechos.

El artículo 82 es claro en esos requisitos.

Pero guarda un silencio elocuente: no prohíbe expresamente la doble nacionalidad.

Esa laguna ha permitido una zona gris que los más hábiles —y los menos escrupulosos— han explotado.

No se trata de castigar a los millones de mexicanos que, por historia, por trabajo o por familia, poseen otra ciudadanía.

Se trata de trazar una línea clara entre el derecho individual y la responsabilidad pública de quienes detentan el poder del Estado.

Gobernar no es un derecho adquirido; es un mandato temporal que exige lealtad indivisible.

Y aquí la cuestión se agranda.

Porque el problema no empieza ni termina en Los Pinos o en las residencias oficiales de los estados.

Cuántos alcaldes hemos visto y vemos saquear las arcas municipales, dejar hospitales sin medicinas, calles sin pavimento y escuelas sin techos, para después cruzar la frontera y vivir, con impunidad relativa, del lado norteamericano.

Mientras sus gobernados padecen las consecuencias de su rapacidad y de su ineficiencia, ellos caminan por calles ajenas, envían a sus hijos a escuelas ajenas y duermen tranquilos bajo otra jurisdicción.

Extraen riqueza de un pueblo y luego se sustraen a las consecuencias de haberlo hecho.

Es una forma sofisticada de traición.

La política mexicana ha normalizado demasiado tiempo la idea de que el cargo es un botín y el país un hotel del que se puede salir cuando la cuenta llega.

El servidor público que aspira a un puesto de elección popular debería pelear, desde el primer día, por construir las condiciones para poder quedarse.

Para vivir en su municipio, en su estado, en su país, mirando a la gente de frente. Para enfrentar las consecuencias —buenas o malas— de sus actos. No es fácil.

Conocemos a pocos políticos que, al concluir su administración, puedan regresar al lugar donde nacieron sin que les puedan reprochar nada.

Esa rareza debería ser la regla, no la excepción.

La reforma que Sheinbaum esboza toca un nervio profundo de la soberanía.

En un mundo de flujos migratorios y dobles pasaportes, la nacionalidad sigue siendo el vínculo jurídico más serio entre el ciudadano y el Estado.

Cuando ese vínculo se diluye en quien manda, el contrato se rompe.

Un gobernante con dos lealtades posibles siempre tendrá, en el momento de la crisis, una salida de emergencia.

México no puede seguir ofreciendo esa salida a quienes lo administran.

No se trata de pureza nacionalista ni de cerrazón xenófoba.

Se trata de coherencia.

Quien pretende ejercer el poder sobre un pueblo debe aceptar que ese poder lo ata.

Que no hay jurisdicción paralela donde esconderse. Que la rendición de cuentas no se negocia con un segundo pasaporte. La historia de Tamaulipas, y de tantos municipios del norte y del sur, está llena de ejemplos de funcionarios que convirtieron el servicio público en una operación de extracción y después en una operación de escape. Cada uno de ellos es un argumento a favor de cerrar la puerta.

Ordenar el Estado mexicano pasa, entre otras cosas, por exigir que quienes lo dirigen estén dispuestos a quedarse a vivir con lo que hicieron. Que puedan caminar por las mismas calles que gobernaron. Que miren a los ojos a quienes pagaron el costo de sus decisiones.

Porque gobernar no es un acto de magia: es un acto de responsabilidad permanente. Y la responsabilidad, cuando es verdadera, no admite doble nacionalidad.
Mexicanos, punto.