*.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social afirma que no hay irregularidades en el juicio de una exempleada de un parque funerario en Ciudad Victoria, y que los retrasos se deben a recursos legales interpuestos por la parte empleadora.
*.-El titular de la dependencia, Luis Gerardo Illoldi Reyes, asegura que las resoluciones han favorecido a la trabajadora y que existe transparencia en el proceso, a pesar de las denuncias de corrupción presentadas ante la Fiscalía Especializada.
Francisco Medina Guerrero
CIUDAD VICTORIA.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social negó que exista corrupción o actuaciones irregulares en el juicio laboral promovido por una exempleada de un parque funerario de la capital, quien ha denunciado retrasos y presuntas anomalías en el proceso.
El titular de la dependencia, Luis Gerardo Illoldi Reyes, afirmó que tanto la Junta Local como la Junta Especial que llevan el caso han actuado conforme a derecho y que las demoras obedecen principalmente a los recursos legales interpuestos por la parte empleadora.
“Por parte de la Secretaría del Trabajo, de la Junta Local y de la Junta Especial que llevan este caso, ha habido todos los avances conforme a derecho. Realmente no hay ninguna situación atípica por parte de nosotros en nuestro actuar ni en nuestras diligencias”, sostuvo.
Explicó que recientemente se promovió un nuevo amparo promovido por la parte actora, como parte de una serie de recursos que, de acuerdo con el funcionario, han sido utilizados durante el desarrollo del juicio. Reconoció que estas acciones legales han prolongado el procedimiento, pero subrayó que están previstas en la legislación.
“Son mecanismos y estrategias legales a los que pueden optar las partes. Ante eso, nosotros como Secretaría del Trabajo no podemos hacer más que seguir actuando conforme a nuestros tiempos y al proceso”, señaló.
Illoldi Reyes destacó que las resoluciones emitidas hasta ahora han favorecido a la trabajadora, por lo que, dijo, la dependencia ha priorizado la protección de sus derechos laborales. Como parte de las actuaciones realizadas en el expediente, mencionó el embargo de ataúdes efectuado en su momento.
“Todas las resoluciones han salido en favor de la trabajadora. Creemos que también es un tema importante: salvaguardar los derechos de los trabajadores”, afirmó.
Ante los señalamientos de presunta corrupción, el Secretario del Trabajo y Previsión Social rechazó cualquier irregularidad y aseguró que los expedientes y resoluciones están disponibles para ser revisados y auditados. Añadió que también tiene conocimiento de una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
“Por parte de la Secretaría y de un servidor hay total transparencia. Ahí están los expedientes, ahí están las resoluciones; se puede auditar y revisar que se ha actuado conforme a derecho”, declaró.
El funcionario dijo comprender la molestia y desesperación de la exempleada, pero insistió en que a ejercido recursos contemplados en la ley, por lo que será necesario esperar los tiempos procesales correspondientes.
En cuanto al rezago general de las juntas laborales, informó que actualmente permanecen alrededor de 6 mil 400 expedientes pendientes. Recordó que al inicio de la actual administración se recibieron aproximadamente 28 mil casos.
Aseguró que la reducción representa un avance significativo y que las proyecciones apuntan a concluir con la totalidad de los expedientes antes de 2030, con lo que el estado podría convertirse en uno de los pocos en cerrar definitivamente sus juntas laborales antes de ese año.
