EN PERSPECTIVA.
Por Omar Orlando Guajardo López.
– AMLO combatió la verdad histórica; Sheinbaum y Godoy, a la clase política que gobernaba Guerrero.
– Los videos no desaparecieron por una falla técnica; la Fiscalía General de la República acusa una orden desde el poder.
– Aguirrismo y cabecismo, dos caras de la misma moneda: fuera del gobierno, dentro de la política y frente a expedientes abiertos.
Ángel Aguirre gobernaba Guerrero cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. Doce años después, la Fiscalía General de la República lo acusa de haber ordenado la desaparición de evidencias relacionadas con el ataque de Iguala.
Por primera vez, el caso apunta directamente al grupo que gobernaba Guerrero.
Las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala grabaron el momento en que policías interceptaron el autobús Estrella de Oro 1531. Durante años, la explicación oficial fue que las imágenes no existían por una falla técnica. La nueva investigación sostiene que fueron sustraídas y entregadas a Aguirre.
Un segundo testimonio señala que el entonces gobernador reunió a mandos de su administración y ordenó desaparecer cualquier evidencia de lo ocurrido en las inmediaciones del Palacio de Justicia.
La imputación coloca al exgobernador en la estructura del encubrimiento, no solamente en el contexto político de Ayotzinapa. La Fiscalía lo acusa de delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.
Andrés Manuel López Obrador concentró su gobierno en desmontar la verdad histórica. La comisión encabezada por Alejandro Encinas declaró que Ayotzinapa fue un crimen de Estado y exhibió las inconsistencias de la versión construida durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En ese proceso fue encarcelado Jesús Murillo Karam.
La verdad histórica cayó, pero la investigación no alcanzó a la cabeza del gobierno de Guerrero. Tampoco estableció el paradero de los estudiantes.
Durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, el expediente se ha dirigido hacia la estructura política estatal. La detención de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, abrió la investigación sobre la desaparición de las grabaciones. Ahora, con Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía, uno de los señalados es Aguirre.
López Obrador combatió la versión oficial del caso. Sheinbaum y Godoy enfrentan a la clase gobernante que pudo administrar el ocultamiento.
Aguirre pertenece a una generación que gobernó Guerrero entre masacres, redes familiares y acuerdos entre partidos. Llegó por primera vez a la gubernatura en 1996, después de la salida de Rubén Figueroa Alcocer por la matanza de Aguas Blancas. Durante esa administración ocurrió la matanza de El Charco.
Después dejó al PRI, fue candidato de una coalición encabezada por el PRD y regresó al gobierno como representante de una supuesta alternancia. En su segundo mandato murieron dos normalistas durante el desalojo de la Autopista del Sol y, tres años después, desaparecieron los 43 estudiantes en Iguala.
Aguirre dejó la gubernatura en octubre de 2014, pero conservó actividad política. Mantuvo sus relaciones con Rubén Figueroa, participó en reuniones y promovió al aguirrismo como una corriente capaz de intervenir en las decisiones de Guerrero.
El aguirrismo sobrevivió al PRI, al PRD y al propio gobierno de Aguirre.
La orden de aprehensión interrumpe esa continuidad. Un exgobernador que permanecía activo es acusado por decisiones presuntamente tomadas desde el poder estatal.
En Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca continúa participando en la vida pública mientras permanece abierta la solicitud mexicana para extraditarlo desde Estados Unidos. Su expediente responde a otros hechos, pero comparte con Aguirre una condición: ambos conservaron actividad política después de dejar el gobierno y con investigaciones pendientes.
Desde Estados Unidos y desde la oposición mexicana se multiplican acusaciones contra gobernadores de Morena en funciones. Ayotzinapa dirige el escrutinio hacia quienes gobernaron antes y conservaron influencia después de dejar el cargo. La Fiscalía sólo podrá romper esa protección si aplica el mismo criterio a exgobernadores, gobernadores en funciones, aliados y opositores.
El expediente de Aguirre deberá sostenerse con pruebas. Los dos testimonios necesitan corroboración y la Fiscalía tiene que reconstruir qué ocurrió con las grabaciones, quién participó en su desaparición y qué mostraban sobre la detención de los estudiantes y la actuación de las corporaciones presentes.
La captura no responde dónde están los 43. Incorpora a quien gobernaba Guerrero a la investigación sobre la desaparición de las imágenes que registraron la intercepción del autobús 1531.
La Fiscalía debe establecer qué ordenó Aguirre, quién ejecutó la instrucción y por qué el gobierno estatal quiso borrar el momento en que policías municipales y estatales interceptaron a los normalistas.
