Por José Gregorio Aguilar
Domingo 02 de Agosto del 2026
Una impugnación del Partido del Trabajo (PT) al Código Municipal de Tamaulipas sentaría un precedente a nivel nacional, para permitir que personas que no hayan sido declaradas por un juez como culpables, puedan ser candidatas o candidatos a la presidencia municipal, sindicatura o regiduría, o que permanezcan en el cargo.
El Comisionado Político del PT en Tamaulipas, Arsenio Ortega Lozano dio a conocer la anterior luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a solicitar la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la reforma al Código Municipal de Tamaulipas, impugnada por el PT.
“Esta Reforma restringe el acceso y permanencia en cargos municipales a personas vinculadas a proceso con prisión preventiva, aun sin una sentencia firme, y eso no es equitativo y se presta a intenciones de afectar a contrincantes políticos”, subrayó.
Dio a conocer que el TEPJF analizará el expediente SUP-OP-11/2026, y deberá emitir una opinión especializada dentro de la acción de inconstitucionalidad promovida por el PT contra actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo de Tamaulipas.
El recurso impugna el Decreto 66-1146, que reformó el Código Municipal del estado para impedir que una persona vinculada a proceso por un delito doloso, cuando tenga impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, pueda ser candidata a la presidencia municipal, sindicatura o regiduría, o permanezca en el cargo.
“Hemos sostenido que esas disposiciones vulneran el derecho político-electoral de ser votado, al establecer una restricción antes de que exista una sentencia condenatoria firme, lo que, a su juicio, contraviene el principio de presunción de inocencia”, subrayó.
En el fondo, el asunto plantea si una persona puede perder la posibilidad de contender por un cargo de elección popular o ser separada de éste únicamente por haber sido vinculada a proceso y estar sujeta a prisión preventiva, aun cuando todavía no haya sido declarada culpable por un juez.
La opinión que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral no tendrá carácter vinculante para la Suprema Corte; sin embargo, aporta un análisis especializado en materia de derechos político-electorales que suele ser considerado por los ministros al momento de resolver acciones de inconstitucionalidad relacionadas con el acceso a cargos de elección popular.
La resolución que emita la Suprema Corte tendrá efectos más allá del caso de Tamaulipas, ya que establecerá una interpretación sobre el alcance del principio de presunción de inocencia frente a las restricciones para acceder o permanecer en cargos de elección popular. El fallo podría servir de referencia para otras entidades que hayan aprobado o pretendan impulsar disposiciones similares.
