Por Agustín Peña Cruz
Ciudad Altamira, Tamps.- Mientras en la Fiscalía General de Justicia de
Tamaulipas continuaba la reanudación de la audiencia inicial por el feminicidio de la
adolescente Dafne Zapata Quintos, un nuevo testimonio buscó ampliar el contexto
del caso. La abuela de Danna Yanina “N”, de 18 años, aseguró que su nieta fue
sometida durante años a violencia física, emocional y económica por parte de una
mujer encargada de su cuidado dentro de la Academia Militarizada de Marina
Doenitz, situación que, afirmó, destruyó el proyecto de vida de la joven y la convirtió
en víctima de un sistema de control.
La declaración se produjo horas después de que la defensa reiterara ante los
medios de comunicación que Danna no ha sido vinculada a proceso y que su
estrategia jurídica consiste en demostrar que la joven actuó bajo un entorno de
sometimiento, manipulación y abuso ejercido por personas adultas con autoridad
sobre ella.
Visiblemente afectada, la abuela relató que la familia depositó su confianza en la
institución con la esperanza de que Danna pudiera prepararse para ingresar a la
Marina, sueño que, aseguró, terminó convertido en una experiencia marcada por el
miedo y la explotación.
«Me siento culpable, me siento devastada, porque todo lo que queríamos para ella
era que fuera estudiante y marina militar. Todo terminó convertido en una historia de
terror», expresó.
Según el testimonio, la mujer a cargo de la joven mantenía un estricto control sobre
su vida cotidiana mediante constantes acusaciones que impedían cualquier
acercamiento con su familia. Cada vez que el padre preguntaba por su hija, recibía
la misma respuesta: que había sido castigada por su conducta.
«Siempre le decía: “Su hija está castigada, se portó mal”. Nunca había una
oportunidad para verla libre; siempre encontraba un motivo para mantenerla
castigada», recordó.
La entrevistada afirmó que una de las acusaciones más graves ocurrió durante una
celebración de cumpleaños, cuando la responsable aseguró que Danna había
colocado un laxante en los alimentos preparados para los asistentes, provocando
que varios menores presentaran vómito y diarrea.

«Toda la culpa fue para ella. Decían que era contestona, problemática y que todavía
no estaba preparada para salir o continuar con sus estudios», sostuvo.
De acuerdo con la abuela, esas versiones sirvieron para retrasar continuamente la
salida de la joven de la institución y justificar que permaneciera bajo el control de la
cuidadora.
La mujer también denunció un presunto esquema de explotación económica dirigido
contra el padre de Danna. Señaló que la responsable pretendía mantener a la joven
bajo su tutela con el argumento de gestionar su ingreso a una universidad, pero
condicionándolo al pago mensual de 25 mil pesos.
«Quería 25 mil pesos mensuales para rentar un departamento, llevar a mi nieta a la
escuela y seguir teniéndola con ella», afirmó.
Sin embargo, aseguró que la realidad era distinta a la presentada ante la familia.
«Hoy me entero que mi nieta era su sirvienta. Lavaba, daba de comer y hacía todo lo
que le ordenaban», denunció.
La abuela describió además un ambiente de humillaciones permanentes
relacionadas con la situación económica del padre de la joven. Según dijo, cuando
los pagos no se realizaban puntualmente, Danna era reprendida frente a otras
personas y responsabilizada por las deudas familiares.
«Le gritaban: ‘Tu papá debe, no ha pagado’. La hacían sentir culpable por algo que
no dependía de ella», relató.
Incluso afirmó que la joven fue privada de alimentos como una forma de castigo.
«Se quedaron sin comer; comía pura tortilla con sal», dijo con la voz entrecortada.
Las declaraciones fortalecen la línea argumentativa expuesta previamente por la
defensa, encabezada por los abogados Omar Pérez Hernández, Dunia Magali
Ramírez Méndez, Miguel Ángel Pérez Román y Marco Antonio Solís de León,
quienes sostienen que Danna ingresó a la academia siendo menor de edad y
permaneció bajo una relación de subordinación frente a adultos que ejercían
autoridad sobre ella.
Durante la reanudación de la audiencia, los defensores insistieron en que el
Ministerio Público debe cumplir con la comparecencia de más de 32 testigos
solicitados por la defensa y reiteraron que, hasta este momento, no existe una
resolución judicial que vincule a proceso a la joven.