Por Agustín Peña Cruz
Tampico, Tamps.- La coordinación entre autoridades, empresarios y sociedad civil se
proyecta como una de las principales estrategias para enfrentar la extorsión y fortalecer el
clima de inversión en Tamaulipas. Ese fue el mensaje que dejaron la senadora Olga Sosa
Ruiz y el presidente nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre de Stéffano, durante la firma
de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Tampico.
El acuerdo, respaldado por el gobierno municipal y el sector empresarial, busca consolidar
mecanismos de prevención del delito, promover la denuncia anónima y generar condiciones
de mayor certidumbre para quienes desarrollan actividades comerciales en la entidad.
Para Olga Sosa, la alianza representa un ejemplo de cómo la coordinación institucional
puede traducirse en acciones concretas frente a los retos de seguridad que enfrentan los
negocios.
«Celebrar esa firma entre la presidenta municipal, Mónica Villarreal, y Concanaco Servytur»,
expresó la legisladora, al destacar también la participación de los organismos empresariales
y de las autoridades locales en la construcción de estrategias conjuntas.
La senadora precisó que la participación permanente de la alcaldesa de Tampico en las
Mesas de Seguridad y Justicia fortalece la confianza entre gobierno y ciudadanía.
«Esta activa participación en la mesa de seguridad nos da mucha certidumbre», afirmó.
Sosa vinculó este esfuerzo local con la reciente aprobación en el Senado de la Ley General
contra la Extorsión, una reforma que, dijo, busca ofrecer garantías jurídicas a quienes
desean emprender o invertir en cualquier región del país.
«Votamos la Ley General contra la Extorsión, que es importantísima porque da certidumbre
a quienes quieren iniciar un negocio, a quienes quieren instalarse en Tampico, en el sur, en
Tamaulipas o en el país», señaló.
La legisladora explicó que la nueva legislación incorpora mecanismos para combatir uno de
los delitos que más afecta al sector productivo y reiteró la importancia de utilizar la línea
nacional 089 para denunciar intentos de extorsión telefónica.
«Tenemos la línea 089 para denunciar la extorsión telefónica. Hay resultados; más de 60 mil
llamadas han sido atendidas y en alrededor del 70 por ciento de los casos el delito se ha
logrado impedir porque se actuó de inmediato», sostuvo.
Añadió que en Tampico también ya opera un sistema de denuncia digital anónima,
herramienta que busca facilitar el acceso de ciudadanos y empresarios a los mecanismos
de protección sin exponer su identidad.

Por su parte, Octavio de la Torre sostuvo que la efectividad de la nueva legislación
dependerá de la confianza que la ciudadanía tenga para denunciar.
«Es muy importante que como sector promovamos la cultura de la denuncia», afirmó.
Reconoció que la extorsión continúa siendo uno de los delitos que mayor temor genera
entre comerciantes y empresarios, razón por la que la nueva ley incorpora esquemas de
denuncia anónima, testigos protegidos y sanciones más severas para funcionarios que
colaboren con grupos delictivos.
El dirigente empresarial explicó que uno de los cambios más relevantes consiste en que ya
no será necesario consumar el pago exigido por los extorsionadores para iniciar una
investigación.
«Antes tenía que darse la extorsión para que procediera. Ahora la ley protege al
denunciante desde el primer momento», indicó.
De la Torre señaló que la línea 089 constituye una pieza fundamental de la estrategia
nacional debido a que las denuncias son atendidas por un centro especializado ubicado en
la Ciudad de México, sin geolocalización del denunciante ni solicitud de datos personales.
«Esa información le ayuda al gobierno a generar inteligencia y eso ha contribuido a disminuir
la extorsión telefónica», explicó.
El presidente de Concanaco detalló que la campaña nacional ya se ha presentado en ocho
entidades y continuará durante las próximas semanas en Puebla y Veracruz, con el objetivo
de extender el modelo de colaboración entre gobiernos, empresarios, universidades y
organizaciones civiles.
Insistió en que el proyecto no responde a intereses políticos, sino a la necesidad de
construir entornos seguros para el desarrollo económico.
«No se trata de colores. Aquí es un tema genuino de sumar y cuidar a la sociedad»,
concluyó.