Por: José Medina
Ciudad Victoria, Tamaulipas.— El diputado local de Morena, Marcelo Abundiz Ramírez, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa orientada a la creación del Registro Estatal de Personas Sancionadas por Maltrato Animal, con la finalidad de prevenir la reincidencia y fortalecer las políticas públicas en materia de protección y bienestar animal en Tamaulipas.
La propuesta contempla reformas a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tamaulipas, a fin de establecer un padrón institucional en el que sean incorporadas exclusivamente aquellas personas que cuenten con una resolución administrativa firme o una sentencia definitiva por actos de crueldad o maltrato animal.
Durante la presentación de la iniciativa, el legislador destacó que, si bien Tamaulipas ha registrado avances en materia de protección animal, persisten áreas de oportunidad en el marco jurídico que dificultan el seguimiento de personas sancionadas por este tipo de conductas, limitando la implementación de acciones preventivas y la coordinación entre las autoridades competentes.
El registro estaría bajo la administración de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) y tendría carácter de consulta institucional, por lo que su acceso estaría restringido a autoridades competentes y organismos vinculados con la protección animal, exclusivamente para los fines previstos en la legislación aplicable.
Asimismo, la iniciativa plantea que la información contenida en el padrón pueda ser considerada en procedimientos relacionados con la adopción, resguardo, custodia y manejo de animales, con el objetivo de reducir riesgos y reforzar las medidas de protección hacia los seres sintientes.
Abundiz Ramírez señaló que la propuesta busca consolidar una cultura de respeto, empatía y responsabilidad hacia los animales, además de contribuir a la prevención de conductas violentas, al considerar que diversos estudios han señalado la relación existente entre el maltrato animal y otras expresiones de violencia social y familiar.
El proyecto establece que las personas permanecerían inscritas en el registro durante cinco años en casos de infracciones administrativas graves, diez años cuando exista reincidencia o durante el periodo que determine una autoridad judicial. De igual manera, contempla garantías relacionadas con el debido proceso, la presunción de inocencia y la protección de datos personales.
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis, revisión y, en su caso, la elaboración del dictamen respectivo.
