CONFIDENCIAL
Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Las palabras del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, incomodaron al gobierno mexicano, pero difícilmente pueden calificarse como falsas. Afirmar que no existe un solo centímetro de la frontera libre del control de los cárteles podrá sonar exagerado, pero la realidad ofrece demasiados elementos para sostenerlo.
La respuesta oficial fue la de siempre, de negar, minimizar y refugiarse en el discurso de la soberanía nacional. Sin embargo, basta observar lo que ocurre a lo largo de la frontera norte para entender que la presencia y el poder de las organizaciones criminales no son un problema reciente ni exclusivo de un estado. Es una historia de muchas décadas.
Y conviene precisar también que no es un fenómeno propio de Tamaulipas. Desde Baja California hasta Tamaulipas existen municipios donde los grupos delincuenciales ejercen un dominio que rebasa las actividades ilícitas y termina influyendo en la vida económica, política y social de comunidades enteras.
Es así porque la frontera representa la joya de la corona para el crimen organizado. Por ahí circulan drogas, migrantes, armas, combustible y miles de millones de dólares cada año. Quien controla esa franja controla uno de los negocios ilegales más rentables del continente.
Ese dominio tampoco se limita al tráfico de mercancías ilegales. En muchas regiones fronterizas los grupos criminales también intervienen en los procesos electorales. Deciden quién puede hacer campaña, quién debe retirarse y, con demasiada frecuencia, terminan influyendo en la elección del siguiente alcalde o alcaldesa.
Eso no significa, necesariamente, que todas las autoridades municipales sean cómplices. Muchas simplemente sobreviven. Ningún ayuntamiento dispone de policías, armamento o capacidad operativa suficiente para enfrentar organizaciones con poder económico, logística militar y redes internacionales.
En los años 90, cuando cubríamos la fuente de seguridad pública, sabíamos cómo los comandantes policiales de la frontera eran obligados a asistir a las reuniones con los “capos” regionales. Decir que no era ponerse en riesgo de muerte. Y a la fecha, la vieja sentencia de “plata o plomo” sigue vigente.
Bajo esa lógica, muchos gobiernos locales terminan negociando la tranquilidad antes que declarar una guerra imposible de sostener. No siempre por corrupción, sino porque el Estado los dejó solos frente a un enemigo infinitamente superior.
Frente a esa realidad, México tendría que abandonar los discursos cómodos y construir una estrategia distinta. La cooperación con Estados Unidos no tendría por qué interpretarse como una renuncia a la soberanía, sino como un mecanismo para enfrentar un problema que afecta a ambos países.
La verdadera soberanía no consiste en rechazar toda ayuda internacional mientras miles de mexicanos siguen muriendo cada año. La verdadera soberanía se recupera cuando el Estado vuelve a ejercer plenamente el control de su territorio, garantiza elecciones libres y protege a sus ciudadanos.
Mientras el gobierno siga privilegiando la narrativa sobre los hechos, afirmaciones como la de Markwayne Mullin seguirán causando irritación. No porque sean una ofensa para México, sino porque describen una realidad incómoda que millones de ciudadanos conocen, padecen y esperan que algún día deje de negarse para comenzar a resolverse.
EL RESTO.
Lo dicho: en el SNTE todos los suspirantes por la silla de la sección 30 andan en abierta “pepena” del voto de los profes.
Aunque el todavía dirigente magisterial, Arnulfo Rodríguez Treviño, insista en que “no son los tiempos”, nadie le está haciendo caso, y lo que es peor, se está quedando solo.
Lo peor de todo es que la polarización entre los distintos grupos en disputa se está agravando, lo cual podría ocasionar en cualquier momento brotes de violencia.
Ojalá no suceda, pero las condiciones están dadas para que en cualquier momento las cosas pasen del discurso a la confrontación física.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
