CONFIDENCIAL
ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
No ocupa una curul ni aparece en los debates parlamentarios, pero desde hace cinco años Víctor Manuel García Juárez administra una de las áreas más poderosas del Congreso del Estado y su influencia parece no conocer alternancias políticas.
Llegó en 2021 con la primera legislatura de Morena. Después vino el episodio en que el PAN recuperó el control de la entonces Junta de Coordinación Política y, mientras varios funcionarios fueron relevados, él permaneció intacto. El regreso de Morena tampoco modificó su situación.
No se trata de un cargo cualquiera. Desde la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros pasan compras, contratos, servicios y buena parte del manejo cotidiano de los dineros del Poder Legislativo. En los hechos, concentra un poder que pocos funcionarios administrativos poseen.
Incluso, se conduce como si fuera el mandamás en el Poder Legislativo, con más poder que el Presidente de la Junta de Gobierno y que el Secretario General del Congreso.
Dentro del Congreso pocos desconocen su cercanía con el grupo político del hoy secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes. Esa relación suele mencionarse cuando alguien intenta explicar una permanencia que ya supera el lustro.
Pero no es solo esa permanencia de García Juárez la que alimenta las dudas. El verdadero problema es que también circulan versiones sobre un patrimonio inmobiliario que habría crecido exponencialmente durante los años que ha ocupado el cargo.
A ello se agregan señalamientos de que el funcionario mantiene como uno de los proveedores favoritos del Congreso a la empresa Tinnotex, propiedad —según esas mismas fuentes— de Gustavo Rodríguez Tamez, destituido recientemente como exsubsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas.
Ese presunto favoritismo se facilitaría porque el hermano de Rodríguez Tamez es el titular de la Contraloría del Congreso, área encargada de revisar y validar los procedimientos administrativos relacionados con las adquisiciones.
Esa empresa sería la encargada, por ejemplo, de proveer de uniformes institucionales, y de organizar y suministrar los insumos requeridos para los eventos que se realizan en el Poder Legislativo, desde festejos hasta foros con los diputados.
El hecho constituye todo un grave conflicto de interés, que si me apura podría encuadrarse en algún delito de corrupción.
Por eso valdría la pena que la Auditoría Superior del Estado dirigiera la mirada hacia esa área administrativa. No para validar rumores ni emprender una cacería de brujas, sino para verificar que cada contratación se haya realizado con estricto apego a la ley.
Si todo se ha hecho correctamente, una auditoría profesional fortalecería la credibilidad del Congreso y de sus funcionarios. Pero si existiera alguna irregularidad, también sería obligación de las instituciones detectarla y actuar en consecuencia.
Morena edificó buena parte de su identidad política sobre la honestidad, la austeridad y el combate a la corrupción. Esos principios deben aplicarse sin excepciones. La congruencia comienza cuando el escrutinio se dirige hacia la propia casa.
Porque el partido que hoy gobierna el Congreso es, precisamente, el que menos puede darse el lujo de cargar con un escándalo de esta naturaleza. Las dudas se disipan abriendo expedientes, transparentando contratos y permitiendo que la ley haga su trabajo antes de que el problema estalle.
Veremos de qué esta hecha la Auditoría Superior del Estado, la principal obligada de vigilar el correcto ejercicio del gasto público.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
