El Patinadero
Juan Antonio Montoya Báez
Algo huele mal en la justicia tamaulipeca. La historia de impunidad se repite con un cinismo descarado, justo cuando las variables de la ecuación política prometían castigo y cárcel para los delincuentes del sexenio cabecista.
Las normas siguen siendo las mismas, pero el panorama de sumisión que ofrece la actual administración morenista ante el viejo régimen es verdaderamente vergonzoso.
Si usáramos términos futboleros, el equipo cabecista mantiene un dominio absoluto del terreno de juego. Es más, le están metiendo una goliza humillante a los de casa. Se pensaba que la escuadra guinda se reforzaría con la imposición de un nuevo fiscal y la captura de un Poder Judicial sometido —surgido de una sospechosa votación y un acordeón legislativo fallido—, con la única intención de arrebatar el control de magistrados y jueces.
Sin embargo, en la práctica no pasó absolutamente nada. No hubo cambios reales. Los jugadores que llegaron a la cancha judicial resultaron más azules que los anteriores: tiran el balón a las bandas para enfriar la delantera, congelan las investigaciones y desoyen a su director técnico sin el menor temor a que les rescindan el contrato.
Los botones de muestra sobran. Siguen sin tocar con el pétalo de una orden de aprehensión a las principales operadoras del saqueo estatal, como la extitular de Obras Públicas, Cecilia del Alto, o la exsecretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa.
Pero la joya de la corona criminal la tiene el caso de Mario Gómez Monroy, el exsecretario de Educación en Tamaulipas, quien goza del cobijo de ser primo del senador morenista José Ramón Gómez Leal y, por ende, de Mariana Gómez, esposa de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
En septiembre de 2025, una jueza penal lo sentenció a una pena histórica de 19 años de prisión por peculado y abuso de funciones tras comprobarse un desvío de 8.2 millones de pesos mediante un convenio ilegal con la aseguradora Metlife; la Fiscalía Anticorrupción demostró el atraco.
La sentencia de casi dos décadas de cárcel está firme, pero hay un pequeño y asqueroso detalle: el exsecretario cumple su condena paseándose con total impunidad por el país y abordando vuelos comerciales hacia la Ciudad de México. Nadie lo molesta.
Esta aberración jurídica solo tiene una explicación: la abierta complicidad de un Poder Judicial arrodillado e incapaz de encarcelar al cabecista. Podrán inventar el cuento de los amparos, pero estos no lloverían si desde el búnker judicial no se operara de brazos caídos.
Actualmente el foco está sobre la extitular de Sebien, Yahleel Abdalá Carmona. Su situación legal se complica y el fiscal general de Justicia, Jesús Eduardo Govea Orozco, insiste en que el expediente está blindado y seguirá su curso a pesar de las mañas, dilaciones y retrasos del procedimiento.
Govea Orozco presume que la investigación se amarró sólidamente desde que él dirigía la Fiscalía Anticorrupción: «El caso se sustentó con firmeza y va a seguir su proceso, aunque existan incidencias que pretendan frenarlo», sentenció, descartando que el expediente pueda ser desechado y abriendo la puerta a una futura prisión preventiva.
Las palabras del fiscal suenan muy rudas y determinantes en el discurso, pero chocan de frente contra la nauseabunda realidad del Poder Judicial. como, cuando a Yahleel Abdalá no le quedó más remedio que comparecer tras agotar recetas médicas falsas, prórrogas de sus abogados y artilugios legaloides aceptados sin chistar por los jueces, la exfuncionaria cabecista recibió un trato de reina.
Para cuidarle el estatus, le abrieron el portón privado del estacionamiento para evitarle la vergüenza pública, bloquearon el ingreso a los periodistas para garantizarle total opacidad.
Quizá dentro de las oficinas del bulevar Praxedis Balboa hasta le aconsejaron llegar sin abogado para ganar más tiempo; la encerraron en el aire acondicionado para que no sudara la angustia, y hay quienes aseguran que la mesa ya estaba puesta con refrescos, café, galletas de coco y un pozole caliente para consentirla tras su pesado viaje de seis horas desde la frontera.
Este vergonzoso concierto de complicidades y lenguaje (doble cara) evidencia que la Fiscalía y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) hablan idiomas distintos: mientras unos simulan que quieren encarcelarla, los otros le arman un banquete de atenciones.
Esas comodidades no son gratis; alguien tuvo que autorizar el protocolo de alfombra roja. Por algo Tania Gisela Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se percibe cada vez más alejada y desalineada del proyecto de la llamada Cuarta Transformación.
Jesús Eduardo Govea Orozco y Tania Gisela Contreras López juegan un partido de opuestos. Parecen contrincantes que hablan lenguas extranjeras cuando en teoría portan la misma camiseta guinda. El entreguismo con Mario Gómez Monroy y el servilismo con Yahleel Abdalá obligan a pensar mal: o el Poder Judicial ya se vendió por completo, o los cabecistas ya le llegaron al precio a la justicia en Tamaulipas.
Si esto no es verdad, Tania Gisela Contreras López está obligada a entregar cabezas y resultados inmediatos. Hasta el momento, los expedientes de verdadero peso político no le interesan o los mantiene congelados. Su gestión se convierte en una fábrica de excusas baratas. Puras barras… y no precisamente de coco, para evitar que se aplique la ley.
Bueno, por hoy es todo.
Adiós y aguas con los patinazos…
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