Por Jaume Osante.

Mire, hay algo que últimamente se nota en la política mexicana. Como si de pronto ya no importara tanto probar las cosas… sino instalar primero la percepción. Y cuando eso empieza a pasar, uno tiene que prender focos de alerta, porque ahí es donde el poder deja de buscar solamente justicia y empieza también a buscar el control total.

El caso de Maru Campos y de Rubén Rocha Moya no son casos idénticos, pero sí revelan una práctica: cómo el aparato político puede decidir qué expediente convertir en escándalo nacional… y cuál administrar con más cuidado ¿si?.

A ver, platicándolo sin tanta vuelta. A Maru Campos prácticamente la colocaron en el centro de una narrativa patriótica después de todo lo mediático por la presencia de agentes estadounidenses en operativos realizados en Chihuahua. Morena y varios de sus aliados empezaron rápido con palabras muy pesadas: “traición a la patria”, juicio político, violación a la soberanía y sabe que cosas más.

Pero una cosa es el discurso político… y otra el terreno jurídico. Ojo.

Porque sí, la Constitución establece que la política exterior corresponde al Ejecutivo federal y también existen reglas claras sobre actuación de agentes extranjeros. Eso nadie lo discute. El problema es que, hasta ahora, públicamente seguimos viendo más presión política y mediática que resoluciones judiciales firmes.

Y ahí es donde entra algo básico que a veces parece olvidarse cuando el ambiente se calienta: la presunción de inocencia.

Porque en México nadie debería ser tratado como culpable antes de que exista una sentencia. Nadie. Ni opositores ni aliados. El problema es que muchas veces la condena pública llega muchísimo antes que la judicial… y una vez instalada, ya es casi imposible desmontarla.

Luego viene el otro lado del tablero: Rocha Moya.

Ahí el tema es todavía más delicado porque entra Estados Unidos de lleno. Reportes internacionales, presiones desde Washington, acusaciones sobre presuntos vínculos con el narcotráfico y versiones sobre solicitudes de detención con fines de extradición.

Pero otra vez aparece el mismo punto incómodo: tampoco existe, hasta este momento, una sentencia firme ni una ficha roja pública de Interpol.

Entonces inevitablemente surge la pregunta:
¿por qué un caso se convierte en bandera patriótica… y el otro parece manejarse con más cautela?

Y ahí es donde uno empieza a notar que ya no estamos viendo combate al crimen o defensa de la soberanía. También estamos viendo administración política de expedientes. Y esto es poco decir.

El poder selecciona qué caso amplificar y cuál amortiguar. ¿POR QUÉ?

Y eso debería preocupar más allá de simpatías partidistas, colores y tamaños.

Ya cuando las fiscalías, los discursos oficiales, las conferencias y las mayorías políticas empiezan a construir percepción antes de que hablen los tribunales, el debido proceso se debilita. Poco a poco. Casi sin que se note.

Lo más delicado es que ambos casos terminan alimentando la misma sensación: El PODER intentando cerrar filas mientras también enfrenta presión internacional sobre figuras vinculadas a su entorno político CERCANO.

Y en medio de eso, cada expediente empieza a cumplir una función distinta. Uno sirve para alimentar narrativa soberanista. El otro para contener desgaste interno INEVITABLE.

Mientras tanto, el ciudadano queda atrapado entre versiones, filtraciones y discursos cruzados. Y LO PEOR. NO BUSCA, no investiga nada y se cree todo lo que le dicen. Esto es grave.

Y ahí es donde vale la pena detenerse tantito. Porque la Constitución no existe para proteger políticos. Existe para impedir que el poder use las instituciones como herramienta para destruir adversarios o proteger aliados según convenga.

Por eso existen la división de poderes, la presunción de inocencia y el debido proceso. Porque cuando un gobierno decide primero quién debe ser exhibido públicamente y luego busca cómo justificarlo… el problema deja de ser partidista. Y se cambiarte en AUTORITARIO.

Aquí son nombres conocidos. Gobernadores, figuras públicas, personajes de alto nivel.

Pero mañana podría ser cualquiera que resulte incómodo políticamente. Lo incluye a usted, a mi, a todos.

Y eso tendría que preocuparnos a todos, sin importar colores.

Porque callar también es decidir… ahí se los dejo, para pensarlo con calma o con coraje.

Saludos cordiales.