Por Agustín Peña Cruz
Tampico, Tamps.- La reciente reforma al artículo 94 de la Constitución mexicana
abrió una nueva etapa para el Poder Judicial, pero también dejó al descubierto una
serie de deficiencias estructurales que, desde la visión de litigantes y especialistas,
amenazan con comprometer la calidad de la impartición de justicia en el país. Entre
ellas destacan la falta de experiencia de algunos juzgadores, la ausencia de carrera
judicial y la necesidad urgente de capacitación permanente en temas sensibles
como violencia de género, derechos de menores y debido proceso.
Así lo advirtió Fausto Villarreal García, integrante del Capítulo Tamaulipas de la
Barra Mexicana, Colegio de Abogados, quien señaló que la reforma judicial todavía
enfrenta importantes retos para consolidar un sistema eficiente y técnicamente
sólido.
“La reforma judicial, sin duda alguna, tiene algunos tintes que hay que mejorar”,
sostuvo el abogado durante una entrevista en la que analizó los efectos que ha
dejado la renovación parcial de juzgadores en México. Aunque reconoció que existe
un esfuerzo institucional por elevar el nivel de quienes integran los tribunales,
advirtió que el proceso aún presenta fallas relevantes.
De acuerdo con Villarreal García, uno de los principales problemas radica en que el
relevo dentro del Poder Judicial no fue total, sino parcial, lo que ha generado una
coexistencia entre perfiles con amplia trayectoria y otros sin la experiencia suficiente
para asumir responsabilidades jurisdiccionales de alta complejidad.
“La reforma judicial no fue un cambio total de juzgadores, fue del 50%. Obviamente
se siguen conservando ese 50% hasta la nueva elección que estamos esperando”,
explicó.
El litigante afirmó que varios de los nuevos funcionarios carecen de una formación
sólida dentro de la carrera judicial, situación que, advirtió, puede derivar en
resoluciones inconsistentes y errores procesales que impacten directamente en el
acceso a la justicia.
“Sí hace falta capacitación en algunos juzgadores que no tienen la experiencia o la
carrera judicial que se requiere para cumplir adecuadamente su trabajo”, señaló.
Las declaraciones ocurren en un contexto donde distintos casos judiciales han
provocado debate público sobre el actuar de ministerios públicos y jueces,
particularmente en expedientes relacionados con violaciones al debido proceso. A
Villarreal García se le mencionó como referencia el caso conocido públicamente

como “William el Cerrajero”, donde presuntas irregularidades derivaron en un
sobreseimiento.
Para el especialista, este tipo de situaciones reflejan la necesidad de fortalecer la
preparación técnica de quienes imparten justicia y garantizar que las decisiones
judiciales se apeguen estrictamente a los principios constitucionales y legales.
“No menoscaba la función que están haciendo, pero deben capacitarse más para
que se cumpla mejor la función de juez”, enfatizó.
El integrante de la Barra Mexicana señaló que el gremio de abogados demanda
programas de actualización más específicos y constantes, especialmente en
materias relacionadas con derechos humanos y grupos vulnerables.
“Pedimos tener juzgadores con capacidad, que se capaciten, que estén
constantemente actualizándose porque las leyes se modifican, cambian y
evolucionan acorde a las necesidades de cada sociedad”, expresó.
Entre los temas que consideró prioritarios se encuentran el interés superior del
menor, la violencia contra las mujeres y la protección de adultos mayores, áreas
donde, aseguró, persisten criterios contradictorios entre autoridades judiciales.
“Se ha escuchado mucho el tema de la equidad de género y el interés superior del
menor, que ha sido violentado por algunas autoridades. Unos dicen que sí, otros
dicen que no”, explicó.
Villarreal García sostuvo que la falta de uniformidad en los criterios legales genera
incertidumbre tanto para litigantes como para ciudadanos que buscan una
resolución pronta y justa de sus conflictos. A ello se suma, dijo, la percepción de que
algunos juzgadores no cuentan con las herramientas necesarias para interpretar
adecuadamente reformas recientes y nuevas disposiciones legales.
Pese a las críticas, el abogado aclaró que dentro del Poder Judicial también existen
perfiles altamente preparados y con experiencia sólida. Sin embargo, insistió en que
el Estado tiene la obligación de garantizar una capacitación continua y especializada
para todos los operadores del sistema judicial.
“Hay juzgadores con muy buen nivel, pero algunos otros necesitan más
preparación”, afirmó.
Para el especialista, el éxito de la reforma judicial dependerá no solo de los
mecanismos de elección o sustitución de jueces, sino de la capacidad institucional
para construir un Poder Judicial profesionalizado, actualizado y capaz de responder
a las exigencias sociales y jurídicas de un país en constante transformación.